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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Columnista
DERECHOS DEL PERIODISTA
por:   Miguel García Angelo -Colegio Comunicadores-       [2012-04-20  -  20:57:23]

El trabajo profesional del periodista en Bolivia es de servicio a la sociedad, su trabajo demanda una alta responsabilidad y compromiso moral. El proceso de identificación, recolección, selección, análisis, equilibrio y confirmación de fuentes, elaboración y difusión de información es un procedimiento técnico que requiere todo el bagaje teórico y metodológico de parte de este servidor. Es un trabajo que se realiza, no solamente en los horarios de trabajo formalmente establecidos por las normas y leyes bolivianas, sino fuera de ellas o fines de semana y días de feriados. Por ello, es importante que esta noble labor sea protegida por las normas vigentes y sean respetados sus derechos.

De acuerdo al Estatuto Orgánico del Periodista, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 20225 de 9 de mayo de 1984 durante la presidencia de Hernán Siles Zuazo, en su artículo nueve, se establece que los derechos son inherentes a todo periodista en Bolivia. La libertad de expresión le corresponde en el más alto grado, ya que debe ejercer sus funciones en la comunicación y la interpretación de los acontecimientos. Nadie puede coartar la libertad de expresión e información del periodista bajo sanción de constituirse en imputado por la violación de los derechos constitucionales; en el diez, la libertad de información plena corresponde al periodista y le da derecho y acceso a toda fuente informativa, para comunicar hechos y acontecimientos sin otras restricciones que las establecidas por la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925; en el once, se confirma que las fuentes u orígenes de las informaciones deben ser guardadas en reserva, dentro de un estricto secreto profesional, el cual no puede ser revelado, salvo orden del tribunal competente; en el doce, el periodista tiene derecho a una remuneración suficiente que le permita vivir con dignidad; en el trece, se establece que todo periodista y su familia tienen derecho a los Servicios de Seguridad Social en forma y regímenes dispuestos por la Ley General del Trabajo, el Código de Seguridad Social y otras leyes y disposiciones relativas a la seguridad social; en el catorce, ningún periodista podrá ser despedido por sus ideas o creencias, sean estas políticas, religiosas o sindicales; en el quince, se establece la cláusula de conciencia, entendiéndose por tal el derecho de un periodista de separarse voluntariamente de la empresa, cuando se produzca un cambio de orientación ideológica que le implique un conflicto conciencial; en el 16, el retiro de un periodista de su empresa, apoyado en la cláusula de conciencia, le da derecho al pago de indemnización conforme la Ley; si hubiera divergencia sobre la aplicación de tal cláusula al caso, las partes recurrirán al tribunal de Honor de la Prensa que fallará en única instancia.

Como se puede observar en este Estatuto, aprobado a partir de la Ley Nro. 494 del 29 de Diciembre de 1979 durante la presidencia de Lydia Gueiler Tejada, el trabajo del periodista debe ser garantizado por las autoridades legalmente constituidas, por la sociedad en general, y particularmente por los dueños de medios de comunicación o empresarios, ya que lamentablemente estos últimos son los que más vulneran los derechos de los periodistas, con sueldos “miserables” que no pasan de los 2.500 Bolivianos por mes, sin seguros de salud, menos aportes para su jubilación. Finalmente, el cumplimiento de esta norma también debiese estar fiscalizado por las organizaciones ligadas a esta profesión, y particularmente por los propios periodistas, ya que aquél ciudadano que no hace respetar sus derechos está condenado a deteriorar la dignidad de todos los profesionales del periodismo. Ojo, estos derechos los pueden ejercer solamente aquellos periodistas con título en provisión nacional, así lo establece la propia Ley descrita anteriormente. Por tanto, la Ley se cumple, no se discute.

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