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Columnista
El Ministerio de Gobierno sin Control
por:  Editorial Pagina Siete       [2012-12-20  -  11:08:08]

La sorprendente revelación del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, sobre la red de extorsión a jueces y fiscales, que según esa versión aún mantiene vínculos con autoridades de justicia y del Ministerio Público, muestra que las tareas de investigación están avanzando, pero el control que debe ejercer el Ministerio de Gobierno es muy deficiente. A esta altura la red debió quedar totalmente desmantelada y las víctimas de este grupo de extorsionadores deberían tener la certeza de haberse librado de ella, pero no es así.

Más grave aún es confirmar que este entretejido de corrupción y presión política no estuvo operando hace poco tiempo, sino hace más de tres años desde oficinas del Estado, hecho que hace ciertamente improbable que no haya sido detectado o que, hipotéticamente, no haya sido protegido. Al menos eso ha dado a entender nada menos que Rebeca Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados, al sostener que por ahora sólo se ha dado con los “mandos medios”. Entonces, ¿quién está sobre un director general?, pues viceministros y ministros, no hay lugar a otra posibilidad.

Si supuestamente las autoridades del ministerio encargado de la seguridad interna del Estado no estaban enteradas de la red, lo mínimo que puede hacerse es cuestionar su capacidad de dirección.

Las revelaciones del ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico señalan que la red operaba desde la época del ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, por ello ostentaban un poder para representar al Gobierno en los más delicados procesos, como Terrorismo, Ostreicher y otros. Llorenti no sólo que teóricamente no estaba enterado acerca de la red, según se quiere dar a entender, sino que tampoco estuvo enterado cuando se realizó una de las peores atrocidades contra los indígenas del oriente, al intervenirlos con una condenable violencia en Chaparina, en septiembre de 2011. También en sus narices operaba una red de narcotráfico en el propio Ministerio de Gobierno, encabezada por el director de Inteligencia antidroga, el general de Policía René Sanabria. Pese a todo, Llorenti es el embajador de Bolivia ante Naciones Unidas.

Por ahora, el Gobierno se ha librado de la fuerte presión que soportó para la liberación de Jacob Ostreicher, detenido casi dos años por influencias de la red de extorsión organizada desde los ministerios de Gobierno y la Presidencia.

Al disminuir esta presión, que fue la que destapó la injerencia de funcionarios de Gobierno en el Órgano Judicial y el Ministerio Público, es posible que la investigación languidezca como ha ocurrido con los casos Caranavi, Chaparina, Sanabria, entre otros. Lo único que queda claro es que los aires de cambio en la justicia fueron pura pirotecnia, la situación es igual o peor que antes.


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