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Columnista
Para acabar con un mal
por:  Por Mario Rueda Peña       [2012-12-25  -  06:47:06]

ienes rigen hoy el país deben hacer cuanto les sea posible para despejar la purulencia que el caso de la red de extorsión permitió percibir en determinados sectores de la judicatura y el Ministerio Público.

Lo primero de lo primero es una determinación precisa de la etiología del mal. No es de ninguna manera casual, sino resultado de factores y situaciones específicas, el hecho de que desde años atrás, abogados que trabajaban en tareas de asesoramiento al Gobierno, armaran la red delictiva que terminó involucrando a ciertos jueces y fiscales.

¿Cuáles, esos factores? Cabe mencionar, inicialmente, la extrema politización del Órgano Judicial. En buen porcentaje, los preseleccionados para los altos puestos de la magistratura debían lucir en la solapa las insignias del MAS o, por lo menos, abalorios indicativos de identificación con el oficialismo. Fue rigurosa la comprobación al respecto. El pueblo acudió a las urnas sólo para avalar con su voto prenombramientos en los que en menor porcentaje aparecían también independientes escogidos para “tapar” o disimular la partidización del proceso.

A los abogados que hoy aparecen como los principales operadores de una red cuyos mandos reales aún se ignora, no les fue difícil armar así la red de extorsión cuyas líneas terminales llegaban a ciertos fiscales y jueces.

Al Gobierno, en consecuencia, no le queda otra alternativa, si es que realmente quiere evitarse nuevos y escandalosos casos que le corroen imagen y prestigio, tanto a escala nacional como internacional, que una reforma total del actual sistema de selección y elección de los magistrados del Órgano Judicial.

Sería bueno que la selección de postulantes a tan cruciales cargos fuese transferida a un sistema multi institucional que en sus decisiones se atenga a estrictos criterios meritocráticos y no a objetivos político-partidarios. De este modo se crearían las condiciones que exigen la transparencia e idoneidad en el Ministerio Público y la judicatura.

Podrían conformar el sistema, delegados de colegios de abogados, rectores universitarios y decanos de Derecho, así como de comités cívicos regionales y sobresalientes instituciones académicas del país.

Y que después sea el pueblo quien, al final, elija con su voto en las urnas a cuantos de la respectiva nómina de los preseleccionados del modo referido considere idóneos para administrar justicia con solvencia y plena transparencia.

Sería una forma de acabar con el mal. Poco probable, sin embargo, que el Gobierno lo haga.

El autor es periodista

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