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Columnista
Extorsionadores castigados
por:   Editorial El Deber       [2013-07-11  -  07:13:02]

El país se ha acostumbrado a que se informe sobre los ‘abogados extorsionadores’ sin prestar mucha atención al sentido de las palabras. Estos profesionales trabajaban para el Gobierno actuando ante la justicia, según se sabe ahora con más precisión, para lograr fallos específicos. Es decir que era el Gobierno, el Ejecutivo, el que usaba a esos abogados como instrumento para influir en el ámbito de la justicia.

Luego, al parecer, optaron por hacer trabajos sucios por su cuenta, ya no solo por encargo, y lograron extorsionar a bolivianos y extranjeros. Fue a los pocos días de la llegada del actor Sean Penn y su designación como embajador de la coca por parte del señor presidente Evo Morales, que nació la saga de los extorsionadores. La experiencia del empresario Jacob Ostreicher en el país fue el detonante.

La velocidad con que se producen los hechos noticiosos en Bolivia impide que, como en este caso, se medite sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Si se observa con cuidado, este caso debía haber merecido una suficiente explicación del Gobierno sobre las funciones que cumplían esos abogados, que eran sus empleados. La explicación no se dio a tiempo, pero conforme avanza el caso parece necesario que la opinión pública reciba una información completa.

En estos días se conocen las denuncias del abogado Boris Villegas, que estuvo a cargo de Régimen Interno en el Ministerio de Gobierno. Este personaje asegura que entre los ministros del presidente Morales opera un ‘gabinete jurídico’ que está a cargo de decidir todo lo que deben fallar los jueces cuando se trata de temas políticos. Lo dijo a propósito de la destitución de Ernesto Suárez del cargo de gobernador de Beni. Las explicaciones, ahora sí, son necesarias. Como las solicitadas a la fiscal de Distrito, Marina Flores, por la Brigada Parlamentaria Cruceña sobre las pesquisas de la red de extorsión.

Según la oposición, el oportuno fallo de la justicia que condenó a un año de cárcel al senador Róger Pinto, hace dos semanas, fue manejado por nuevos instrumentos de presión del Poder Ejecutivo sobre la justicia. El fallo se produjo cuando parecía haber llegado un momento muy favorable para el senador opositor que lleva 13 meses de asilo en la embajada de Brasil sin recibir el salvoconducto. ¿Los extorsionadores despedidos fueron reemplazados por otros? ¿O el Gobierno ha decidido respetar la independencia de la justicia? No está bien que estas violaciones a la democracia y sus instituciones pasen inadvertidas y nadie se sienta en la necesidad de dar explicaciones


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