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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Columnista
Sobre la sentencia perpetua
por:  El Deber editorial       [2017-05-29  -  13:23:15]

El vicepresidente Álvaro García Linera expresó que habrá sentencia perpetua para casos especiales. En un reciente discurso ha manifestado su enojo por la violencia contra mujeres y niñas. Expresó: “Al violador de niños y niñas con muerte, pena perpetua. Se quedará cien años en la cárcel, no saldrá nunca, vamos a cambiar la ley, vamos a hacer un referéndum”. La reforma solo podría hacerse con la aprobación de un referendo; la pena carcelaria máxima en Bolivia es de 30 años, según la Constitución Política del Estado (CPE).

García afirmó que se “abrirá” la CPE para modificar la parte pertinente. No es la primera vez ni será la última -en estos tiempos de postreferendo adverso al prorroguismo- que se propongan diversas modalidades (o pretextos) a fin de poder concretar una nueva consulta popular que permita modificar la Carta Magna. No es de extrañar que propuestas aparentemente ajenas a ajetreos electorales o políticos –como la que ahora comentamos- traigan consigo un ‘caballo de Troya’, es decir, una intención oculta con miras a intentar legitimar una cuarta reelección de Evo Morales y superar el resultado adverso del 21 de febrero de 2016. Solo podemos especular, nada es seguro ni hay pruebas, pero las reiteradas aproximaciones hacia eventuales ‘aperturas’ del texto constitucional generan justificadas sospechas.

En lo que hace a la sentencia perpetua y a la propia pena de muerte, recordemos que Bolivia ha firmado y ratificado varios convenios multilaterales sobre la materia que la limitan en su accionar, salvo que denuncie abiertamente esos pactos supranacionales. Un hombre informado como García Linera sabe bien estas cosas. Mayor razón para suspicacias ante su insistencia en llegar a un acto plebiscitario que permita ‘abrir’ la CPE, momento en el cual podría introducirse ‘algo más’ en la consulta.

Cuando un país comparte acuerdos con la comunidad mundial, está obligado a cumplirlos y, si es necesario, debe modificar sus leyes internas a tal efecto. Son varios los tratados firmados por Bolivia donde se rechaza la pena de muerte y la sentencia a cadena perpetua. Mal podrían entonces ‘debatir’ los legisladores la propuesta vicepresidencial si esto es conocido por todos y ha sido divulgado por especialistas en Derecho Internacional Público.

Lo que requerimos es rigor en la justicia y mayor eficiencia policial, para así amenguar la inseguridad reinante y lograr que las condenas se hagan efectivas. El resto son buenas expresiones o, tal vez, hábiles maniobras en función de lo comentado.

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