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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Columnista
"Comisión especial" para cambios en la Ley Corta
por:   Por: Armando Mariaca V.       [2012-02-10  -  08:05:40]

Lamentable que el Gobierno se haya arrepentido de la dictación de la llamada "Ley Corta" que solucionó o definió el problema habido con los campesinos del Tipnis, un grupo de marchistas que, en defensa de sus derechos y en cumplimiento de sus deberes constitucionales, pidió que el Gobierno anule las concesiones otorgadas a una empresa brasileña para la construcción de una carretera que implique vulneración a las reservas ecológicas que existen en la región de Isiboro Sécure e impida la continuación de un trazo en la construcción del camino Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que implica atentar contra el sistema ecológico, destruyendo reservas forestales y dañando los derechos de campesinos asentados en esa región.

Los arrepentimientos de último momento, por haber equivocado los caminos para solucionar un problema que requería un poco de inteligencia, algo de sentido común y pequeñas dosis de conciencia de país y de servicio para remediar el caso impidiendo, desde su inicio, la construcción con un trazo que no correspondía y que, si bien beneficiaba al Brasil, perjudicaba a nuestro país. ¿Qué factores han intervenido para que el régimen del MAS haya ingresado en una pendiente de problemas que hoy trata de remediar y que, al sentirse incapaz para los arreglos se ve obligado a organizar una "comisión especial"? ¿Es que las autoridades del Ejecutivo, responsables de los hechos que se lamentan, no se sienten capacitadas para rectificar sus yerros y no puedan repensar un problema que sería de fácil solución?

El caso del Tipnis, la forma de querer solucionarlo, las reacciones de las partes interesadas – caso de los campesinos originales del TIPNIS – y la posición asumida por quienes defienden a los cocaleros y sus cultivos de coca y propician la construcción de la carretera, como son los contramarchistas que, en medio de la indiferencia de la colectividad, han arribado a la sede de Gobierno dizque "para exigir que se construya la carretera". ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Habrá la suficiente coherencia, energía y sentido de autoridad para encarar con responsabilidad el caso y evitarse mayores problemas en el futuro? ¿Se evitarán nuevos arrepentimientos?

Las inseguridades del Gobierno, su escaso o ningún estudio serio para contrarrestar las posiciones tanto del gobierno del Brasil como de los cocaleros y de los marchistas que lo apoyan, dan lugar a pensar que no habrán soluciones definitivas en lo inmediato y sólo habrá la presencia de más división y hasta enfrentamientos que puedan producirse. Y el problema no está en definir "quién gana"; está en que debe cumplirse con la Constitución, se debe respetar la Ley Corta, se debe honrar la palabra empeñada y se tiene que proyectar una nueva ruta para la carretera. Por supuesto, habrá que adoptar disposiciones que permitan la preservación efectiva de toda la región en disputa porque se trata de un patrimonio no sólo del país sino de toda la humanidad.

El Gobierno, por su propia conveniencia y responsabilidad, no debería estar atenido a lo que diga o haga una simple "comisión especial" por "alto nivel que tenga", para remediar un problema que el régimen ayudó a crear y que él, como administrador del Estado, está en la obligación de estudiar y remediar así sea en consulta con organismos internacionales especializados y tomando en cuenta los intereses del país y muy especialmente de los campesinos comprometidos. No se puede estar pendiente de lo que hagan unos u otros. Lo honesto será reconocer que se es responsable de lo mal hecho y con esa responsabilidad encarar las debidas soluciones.

<--- ATRAS







 

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