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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Columnista
VIGENCIA LEY DE IMPRENTA
por:   Constantino Rojas Burgos es periodista y docente universitario       [2012-02-17  -  06:14:20]

Bajo el argumento de que la Ley de Imprenta es “caduca y obsoleta”, se busca revocar la misma y plantear una nueva Ley de Comunicación. Intentos de esta naturaleza se dieron a partir de 1986 con el senador Mario Rolón Anaya que a través de un Proyecto de Ley, intentó introducir una “Ley Mordaza”.

Ley que, por supuesto, fue rechazada por la sociedad civil y principalmente por las organizaciones periodísticas, por atentar contra la libertad de expresión y por vulnerar la libertad de prensa. Similares actitudes se han dado también en gobiernos posteriores sin lograr su propósito.

La Ley de Imprenta se encuentra vigente desde el 19 de enero de 1925, a la fecha han transcurrido 87 años y es importante aclarar que esta ley contempla sólo a los medios impresos: diarios, revistas, folletos, libros y cuadernos, es decir, publicaciones periódicas y eventuales de aquellos tiempos.

Están fuera del alcance de esta Ley las radios, la televisión y las tecnologías de la información y la comunicación como el Internet, el satélite, la televisión por cable y otros medios virtuales y digitales que tienen un vacío legal. Por analogía, esta norma jurídica ha sido aplicada a los medios radiales y televisivos.

Por tanto, es claro que la Ley de Imprenta responde a un contexto muy específico. Después de 87 años es normal que resulte desactualizada, incompleta, incluso caduca y obsoleta y se necesite que la ley responda a las nuevas exigencias del contexto social que vive ahora el país.

Recordemos que la Radio en Bolivia se inaugura oficialmente el 3 de marzo de 1929, es decir, cinco años después de haberse promulgado la norma jurídica. La Televisión es relativamente más nueva, se inicia el 30 de agosto de 1969 en el gobierno de Luís Adolfo Siles Salinas, aunque el Gral. René Barrientos, años antes, había inaugurado la Empresa Nacional de Televisión (ENTV) conocida como Canal 7 bajo la tutela del Estado.

Si hacemos una revisión de la Ley de Imprenta encontraremos alguna objeción a la pena que se aplica por delitos, todos pasan por el criterio económico (pecuniario). Los delitos calificados de personales, obscenos e inmorales se castigan con un monto de cuarenta a doscientos cuarenta bolivianos. Los delitos contra la sociedad o la Constitución de ochenta a cuatrocientos bolivianos.

La pena corporal (privación de libertad) se impone cuando el infractor está impedido de pagar el monto asignado por el delito. En este caso, la reclusión en la cárcel, se computa por el valor de 3.20 bolivianos por día. Las faltas de imprenta se castigan con una multa que no excede los ciento setenta bolivianos.

Otra de las objeciones podría estar en los Jurados de Imprenta que se componen de cuarenta personalidades en las Capitales de Departamento y de veinte en las provincias, elegidos por los Concejos y las Juntas Municipales prefiriéndose a los abogados más notables, miembros de universidades y propietarios con residencia fija en el lugar.

Da la impresión de que esos Jurados de Imprenta no tienen funcionalidad por la cantidad de personas que la componen y porque los Concejos y las Juntas Municipales no tienen la costumbre de conformar los jurados. En el Cercado de Cochabamba se cuenta con el Jurado de Imprenta, aunque está incompleta por la muerte de algunos de sus miembros. Según la Ley, el Concejo Municipal debería nombrar inmediatamente a otra personalidad para que nunca esté incompleta.

Ahora, es oportuno señalar que la Ley de Imprenta no es una norma jurídica que tiene el propósito de proteger y de favorecer a los periodistas, es más bien una ley que protege a los ciudadanos bolivianos que tienen derecho a expresar sus ideas y opiniones con amplia libertad, pero también la ley de favorece para asumir su defensa contra los delitos de imprenta: calumnia, injuria, daños al honor y la dignidad personal.

No podemos asegurar que la Ley de Imprenta no sirva ni sea útil, en los momentos más oportunos esta Ley ha sido aplicada y utilizada como corresponde. Estamos de acuerdo en que la Ley necesita actualizarse al nuevo contexto manteniendo el espíritu jurídico y adecuando a la necesidad de estar en coherencia con la nueva Constitución Política del Estado.

Pero, además es prioritario crear una Ley de Comunicación en el que se incorpore a la radio, la televisión y los medios electrónicos digitales que tienen un vacío jurídico. Para lograr este propósito es importante la participación de todos los sectores de la sociedad involucrados en la temática de la información y la comunicación.

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