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    Cochabamba, 21 de Junio de 2018
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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Un mar de polémicas


[2018-03-14]
“El mar nos une” y eso nadie lo discute. Así fue en el pasado y así debería ser en el presente y en el futuro. Sin embargo, en los últimos días el Gobierno ha empezado a dar señales de uso político de la demanda marítima con miras a exacerbar el sentimiento patriótico en el país y, quién sabe, con la intención velada de cambiar la agenda del 21F.

Entre el 19 y el 28 de marzo, Bolivia y Chile presentarán sus alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). Este acto jurídico coincide con el día del mar, que se recuerda el 23 de marzo y que, de por sí, implica una movilización política y ciudadana sobre la demanda.

En ese marco, el Gobierno ha preparado una serie de eventos con el objetivo de movilizar a la ciudadanía en torno al mar. El primero y, tal vez el más comentado, fue imponer el reto de confeccionar la bandera más larga del mundo para pedir “mar para Bolivia”.

Funcionarios públicos, militares, colegiales, movimientos sociales y ciudadanos en general cumplieron el reto no sin antes inflacionar el mercado de telas provenientes de China.

El momento culminante de esta actividad ocurrió el sábado en la carretera La Paz-Oruro, donde se vio a miles de ciudadanos levantando la bandera azul marino. Muchos expresaron su alegría, pero no faltaron los funcionarios públicos que hicieron saber que acudieron al lugar obligados y pagando los costes del viaje.

La actividad fue contaminada por grupos del MAS que en vez de corear “mar para Bolivia” gritaron “Evo de nuevo” y por el propio Evo Morales que asistió ataviado con una chamarra del MAS, que coincidentemente es de color azul como la bandera del mar, pero que además lleva franjas negras y blancas.

Los costos de la tela para cubrir 196,5 kilómetros de carretera seguramente fueron cuantiosos y ese dinero hubiera podido tener un mejor destino como la dotación de sábanas para los hospitales, tratamientos contra el cáncer para los niños, mejoras en las escuelas y otras tantas ideas que circularon por las redes sociales, como suele suceder cuando el Gobierno realiza algunos de los dispendios a los que nos tiene acostumbrados.

Un día después del denominado banderazo, Morales se dirigió a Chile a la toma de posesión de Sebastián Piñera. A diferencia de los mensajes hostiles que lanzó previamente, llegó con un discurso conciliador, ofreció confraternidad y hasta se disculpó por dichos que pudieron haber ofendido al pueblo chileno. No podía ser de otra manera, puesto que cualquier desplante hubiera tenido el efecto contrario en la casa del anfitrión.

El próximo paso en la agenda marítima es el viaje de Morales y una comitiva de invitados a La Haya, donde asistirán a los alegatos orales. El tema tampoco estuvo exento de polémica, porque el mandatario invitó a expresidentes de oposición a acompañarlo.

Cambio, el periódico del Gobierno, publicó una imagen en la que se ve a Evo como figura central, rodeado de todos los invitados, con el titular: “Todos los sectores con Evo en los alegatos por el mar”, lo que despertó la susceptibilidad de que el viaje sería usado con fines políticos.

El expresidente Jaime Paz fue el primero en patear el tablero al desestimar su viaje argumentando que Morales incurrió en incoherencias al pretender un uso político del tema.

En la otra vereda, el expresidente Carlos Mesa dijo que el 21F y la demanda martima son cosas que no tienen por qué mezclarse y en ese marco ratificó su asistencia a los alegatos. La decisión de Mesa es conducente con su posición de vocero internacional de la causa marítima, pues una opinión en otro sentido podría dejarlo fuera del escenario de la demanda.

La presencia de la comitiva no influirá en los jueces de La Haya, como tampoco tendrá relevancia alguna la bandera más larga del planeta, ni las vigilias que se organizarán para seguir los alegatos.

La causa marítima seguirá generando polémica, pero lo cierto es que todos los bolivianos (o casi todos) quieren que al país le vaya bien en la CIJ, pero eso no implica tolerar el uso político de un asunto de Estado.

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