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    Cochabamba, 16 de Julio de 2018
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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Nueve años con más dudas que certezas


[2018-04-17]
La madrugada del 16 de abril de 2009 Santa Cruz y el país quedaban conmocionados por un tiroteo en el hotel Las Américas, que nadie conseguía entender. Horas antes tampoco se comprendían las motivaciones de un dinamitazo al portón de la casa del cardenal Julio Terrazas, que terminó finalmente conectado a lo que el Gobierno presentó como un enfrentamiento que dejó muertos a tres de cinco supuestos terroristas, entre ellos algunos extranjeros.

Años después, familiares de fallecidos en el céntrico alojamiento cruceño demandan justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al alegar que fueron víctimas de una ejecución extrajudicial.

Tanto la explosión en la vivienda del líder católico como el tiroteo sangriento en Las Américas resultaron el detonante de lo que fue enseguida el enigmático caso llamado Rózsa, compuesto de un cargamento de confusas acusaciones que provocaron una inédita estampida de dirigentes de las principales instituciones cruceñas, debido a una persecución judicial que sigue aún abierta y que probablemente continuará, ya que se ha sabido de la reactivación de un segundo proceso a más de una decena de personas.

Más que curioso resulta sospechoso que el llamado caso terrorismo haya prácticamente descabezado la institucionalidad del departamento, en un determinado momento de la reciente historia política de Bolivia. Para entenderlo, hay que contextualizar lo que pasaba esos años.

El gobierno de Evo Morales protagonizaba una dura confrontación por el poder con sectores políticos y ciudadanos muy activos, sobre todo en cinco regiones de lo que se llamó la “media luna”. Santa Cruz era la más influyente y, sobre todo su élite, constituía una especie de contrapeso ante el más poderoso aparato gubernamental de todos los tiempos. Ese rol nunca fue del agrado del Ejecutivo, lo que desencadenó peligrosos aprestos de enfrentamientos entre civiles.

Ese fue el contexto en el que se dio el llamado caso Rósza, cuyo efecto principal, entre otros, fue la desactivación del mayor bloque opositor a Morales. Hasta ahora y sin que se haya podido establecer la verdad de los hechos y, menos todavía, conocer la sentencia a favor o en contra de la mayoría de los acusados y procesados, el recurso judicial puede ser otra vez un mecanismo a disposición del poder para amedrentar a algunos de los más notables exdirigentes de la institucionalidad o para desmovilizar cualquier intento de oposición al pretendido prorroguismo gubernamental.

Lo menos que parece interesar en el llamado caso Rózsa es la justicia y la verdad. Hemos sido testigos en estos nueve años de actuaciones bochornosas como las del exfiscal Marcelo Sosa, que fugó a Brasil tras denunciar un montaje para salpicar y perseguir a muchas personas. Quedarán en la historia los oscuros capítulos de extorsiones y de arbitrariedades inimaginables en un sistema democrático.

EL DEBER editorial








 

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