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    Cochabamba, 14 de Noviembre de 2018
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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

La presencia de la mujer en la política


[2018-05-16]
No faltan argumentos cuando se trata de menoscabar el derecho de una mujer a ejercer un cargo político. Lastimosamente, con leyes de paridad y alternancia, con avances en la inclusión y la participación política de la mujer, en Bolivia aún prevalecen todo tipo de maniobras para discriminarla.

Aunque es principalmente en áreas rurales donde se “utilizan” a mujeres para llenar listas y luego, cuando llega la hora de ejercer cargos se las distancia de sus funciones, estas artimañas se dan en prácticamente todo contexto. Y uno de los principales es el ámbito municipal: bajo el argumento ilegal de “acuerdos de rotación partidaria”, cuando se cumple media gestión de las autoridades ediles electas, las concejalas titulares de diferentes municipios son amenazadas y agredidas para que renuncien a sus curules y den paso a sus suplentes. Según las denuncias, en el primer trimestre de 2018, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) recibió 30 denuncias de seis departamentos. Pero no sólo es el pretexto de la rotación; a veces los argumentos son más directos y contundentes y pasan por la amenaza, el escarnio, las acusaciones infundadas, la violencia física e incluso la muerte. Actualmente rige en Bolivia la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política, una norma promulgada en 2012 después del asesinato de la concejala de Ancoraimes Juana Quispe.

Con ley y todo, con presencia numérica impresionante de mujeres en la actividad política, el respeto y la equidad en las cercanías del poder es una quimera. En octubre de 2016 se aprobó el reglamento de la ley que establece un procedimiento para la prevención y atención inmediata de casos de violencia y acoso político. El mecanismo debe activarse cuando la integridad de las mujeres electas está en riesgo.

Sin embargo, según Acobol, 30 denuncias por acoso y violencia política fueron presentadas ante esta institución durante los primeros tres meses de 2018. La cantidad de autoridades electas afectadas es de 38.

Esta cifra trimestral representa más del 60% de las denuncias recibidas en todo el año 2017 y el 2016, cuando los casos llegaron a 48 y 52, respectivamente. En las tres últimas gestiones Potosí es el departamento con más denuncias.

En mayo de 2017, ONU Mujeres condenó la agresión de la que fueron víctimas dos concejalas de Tapacarí. Las legisladoras fueron insultadas y golpeadas por el entonces presidente del Concejo, quien en estado de ebriedad trató de abusarlas sexualmente.

Son innumerables ejemplos para una sola conclusión: estamos lejos de una real participación política de la mujer.

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