Ningún diario boliviano ni radios o canales de alcance nacional informaron sobre los resultados de una encuesta reciente, que el TSE calificó como “no autorizada” ya que supuestamente tenía errores técnicos y había recibido financiamiento internacional.
La encuesta, realizada por la UMSA y la Fundación Jubileo –que es uno más de tantos estudios de este tipo que se realizan en tiempos de elecciones– mostró un margen de victoria más reducido a favor de Evo Morales que otros publicados en semanas pasadas y da por seguro que se realizará una segunda vuelta en el país. Nada que no se haya mencionado antes.
El hecho de que ningún medio nacional, incluido este diario, y por eso esta es una autocrítica, haya publicado los resultados demuestra una desagradable docilidad y es una señal de la debilidad de la prensa nacional actual. Sí difundieron los resultados la agencia ANF, TVU, aliados al proyecto de la encuesta, y algunos portales de noticias.
La ley de régimen electoral, en sus artículos 132 y siguientes establece draconianos castigos para los medios de comunicación y partidos políticos que difundan los resultados de las encuestas que el TSE considera tienen problemas técnicos o que no cumplen con algunos requisitos. Entre esos requisitos están aspectos absurdos, como que una entidad política, una misión electoral o una entidad con financiamiento internacional no puedan difundir sondeos.
Esos artículos son inconstitucionales ya que la CPE garantiza el derecho de libertad de expresión y de prensa, por una parte, y de participación política, por otra. En el caso de los partidos, por ejemplo, si algún dirigente comenta una encuesta “no autorizada”, el castigo que recibe es su descalificación para participar en algún proceso electoral (de todo la fórmula, no sólo del infractor, como sucedió en elecciones pasadas con la candidatura de Demócratas en Beni). Es inaudito.
Pero que los medios tan mansamente hayamos decidido no publicar esos resultados demuestra lo atemorizados que estamos ante los abusos e ilegalidades del oficialismo (el TSE es una entidad dominada por el Gobierno). Al no haber un sistema judicial autónomo, todos tienen miedo de sufrir inevitables arbitrariedades. Y una multa puede poner en riesgo las economías, muchas veces precarias, de los medios de comunicación.
Lo importante ahora es reflexionar sobre lo sucedido y tomar la iniciativa. Aunque también el Tribunal Constitucional está sometido a las órdenes del MAS, se debe hacer el esfuerzo de presentar allí una demanda de inconstitucionalidad de los artículos en cuestión.
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