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Culturales
Meritocracia y reforma judicial


[2016-04-16]
Después de más de tres años de la elección de magistrados por sufragio, el vicepresidente Álvaro García Linera considera fundamental el "restablecimiento” de la meritocracia para la elección de altas autoridades del Órgano Judicial.

En 2011, el MAS con su mayoría en la Asamblea Legislativa rechazó la propuesta de la oposición de incorporar en el reglamento -de preselección de candidatos al Órgano Judicial- criterios meritocráticos y puntajes para elegir a los mejores profesionales en derecho. "La meritocracia se terminó porque a título de ésta, una cúpula en el pasado manejó el sistema judicial. No habrá puntaje”, (diputado Luciano Marca, 2011). O, lo que sostuvo el senador Adolfo Mendoza ese mismo año: "Se vio por conveniente eliminar la evaluación de conocimientos, porque eso sirve para la formación universitaria”.



Es así que, en octubre de 2011, fueron elegidas mediante voto 56 autoridades judiciales, entre titulares y suplentes, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional después de una preselección de candidatos en la Asamblea.

No hace falta recapitular lo que fueron los resultados de esa decisión en los últimos cinco años. La justicia, si bien históricamente ineficiente y clientelar, pasó por la crisis más profunda antes conocida. El grado de corrupción y prebendalismo alcanzado no permite comparación alguna, e incluso desde el Gobierno –que se ocupó en buena medida de agudizar esta crisis a través de presiones evidentes a diversas autoridades para favorecerse- se ha admitido que ese fue un proceso fallido y que es necesario tomar medidas urgentes para reformar de fondo el sistema judicial en el país.

El consenso está servido; sin embargo, nuevamente surgen las preocupaciones sobre las formas. El Presidente ha anunciado que se impulsará un referendo para "que (se) modifique el procedimiento constitucional de selección de máximas autoridades de justicia”. Con la anterior Carta Magna, el Congreso tenía la facultad de elegir a los ministros, magistrados y consejeros por méritos, pero este procedimiento también fue cuestionado por la excesiva politización. ¿Cómo se procederá?

Se anuncia también una Cumbre de Justicia, que se prevé para el mes de junio. En los próximos días se realizarán las "pre-cumbres” que son reuniones sectoriales para llevar propuestas a la Cumbre.

Aunque la intención no es desdeñable, la metodología de reuniones sectoriales para enumerar problemas y proponer soluciones no permite esperar nada determinante. Aunque la Ministra de Justicia, entendiblemente optimista, haya anunciado que este proceso pretende "revolucionar” la justicia en Bolivia eliminando la retardación y la corrupción, que son males principales; así como garantizar el acceso a un servicio de justicia plural y oportuna, el hecho que solamente participen de ella las organizaciones sociales y los administradores de justicia no parece convincente.

PAGINA SIETE editorial Precisamente por lo que dice el Vicepresidente sobre el rescate de la meritocracia, sería de esperar que este proceso sea dialogal, abierto a los expertos, independientemente de su posición política. Ya lo mencionó el politólogo Jorge Lazarte, en su artículo Justicia posible (Ideas, Página Siete): "Lo grave no es la misma enfermedad, es no saber qué hacer y cómo remediarla. El hueco que se pretende cubrir con la Cumbre de la Justicia anunciada por el Presidente no es el mejor camino para enfrentar un problema que es de suyo complejo, y puede ser más bien un escenario que incite a repetir las letanías de siempre y que se presta a todas las demagogias”. Es un buen paso aceptar que los méritos y capacidades de los futuros administradores de justicia sean relevantes, pero es también importante que se inicie un proceso en el que se cambie de raíz las viejas prácticas –una de las peores, la dependencia del poder político- y para ello será preciso abrir la reforma a miradas y asesoramientos internacionales y estar dispuestos a una verdadera estructuración del sistema judicial. PAGINA SIETE editorial








 

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