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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Culturales
Recursos públicos para redes sociales


[2016-04-24]
El pasado 14 de abril, el vicepresidente Álvaro García Linera promulgó un decreto supremo destinado crear la Dirección General de Redes Sociales, que dependerá del Ministerio de Comunicación, y cumplirá "el fin de difundir información sobre la gestión gubernamental”.

La entidad funcionará con recursos estatales y tendrá la misión de "desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del Gobierno con las cibercomunidades; así como mejorar las plataformas de información y comunicación de la gestión del Estado y promover la utilización de las redes sociales con la sociedad civil”.

De no ser porque tan sólo unos días después se difundió un audio -registrado días antes del referendo del 21F- en el que se escucha al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ordenar a los responsables de comunicación de todos los ministerios invertir cuanto antes y utilizando ("el mecanismo administrativo que sea... eso es lo de menos”) recursos públicos para comprar promociones que favorezcan al Sí en las redes sociales, se podría creer que los propósitos que exhibe el Ejecutivo para justificar el incremento de la burocracia estatal con la creación de la mencionada entidad son ciertos.

Pero, como es obvio, lo mencionado en el decreto no pasa de ser un eufemismo. Lo que se busca aparentemente es institucionalizar otras vías de campaña política partidaria con dinero de todos los bolivianos y poner en práctica los anunciados intentos por controlar las redes sociales.

Como era de esperar, la reacción en la opinión pública ante el anuncio ha ido de la sorpresa a la burla. Después de que el presidente Evo Morales culpara a las redes sociales de la derrota del Sí en el referendo del 21 de febrero, anunciara su intención de controlarlas –coro al que se sumaron entusiastamente varias organizaciones sociales, como los cocaleros-, y afirmara que Estados Unidos envió a 12 expertos en redes sociales para apoyar a la opción No en el referendo constitucional, una medida como esta era solo cuestión de tiempo. Lo que nadie imaginó es que fuera a través de un decreto y con recursos estatales que bien podrían favorecer a mejores metas.

Si los fines que alientan esta nueva entidad fuesen los descritos en el decreto supremo, resultaría inoficioso crear una dirección estatal para ello. Las mencionadas son tareas casi rutinarias que desempeña prácticamente cualquier institución pública o privada en la actualidad y deberían ser parte del trabajo de los comunicadores/relacionadores públicos de estas dependencias. Siendo así, ¿qué otras actividades se pretende impulsar?

Si bien el Gobierno ha mostrado poco conocimiento sobre redes sociales (como cuando el Presidente dijo que los tuiteros que conspiraron contra el Sí eran ciudadanos norteamericanos, colombianos y costarricenses que "han entrado por tierra para no hacerse controlar por Migraciones”), no será con burocracia estatal que se revertirá esta situación.

La diputada Sonia Brito sostuvo que el fin es luchar contra la trata y tráfico y para otras actividades altruistas que, una vez más, no precisan de funcionarios y autoridades especiales.

Por lo demás, si el ánimo es establecer controles y censuras –ya se sabe que se realiza monitoreo de periodistas en otra unidad estatal- encubiertas en una institución gubernamental, esto sólo puede significar una involución para el país, vergonzosa además de inútil, ya que los niveles de acceso y uso de las mismas en Bolivia no se detendrán ante tales propósitos.

Además del uso de recursos públicos en tareas claramente partidarias que ha sido naturalizado por este Gobierno y su permanente campaña política, preocupa la señal burda pero autoritaria que se da a la ciudadanía y al mundo: armar una institución para frenar la expresión libre que en todo el mundo tiene lugar en las redes -como un rasgo de globalización antes que de "conspiración política”- es lamentable. Si el fin es amedrentar o contrarrestar, no sabemos, pero está claro que ambos fines son inalcanzables.

Pagina Siete editorial








 

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