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Culturales
Las acusaciones de Quintana


[2016-05-21]
Página Siete, como ha venido haciendo desde su creación en 2010, no se dejará intimidar ni amedrentar por las bravuconerías de un funcionario, por todopoderoso que sea, y continuará con su labor de información, investigación, análisis y fiscalización de los actos del Gobierno como corresponde a todo medio de comunicación que se precie.

Las acusaciones de Quintana

No es la primera vez, y seguramente no será la última, que el desborde hace presa del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con sus peores armas: el insulto, el epíteto, la mentira y las amenazas. Son las únicas armas que al parecer tiene en contra de quienes no piensan como él. Con una furia que trae al recuerdo los momentos más oscuros de las dictaduras militares, Quintana acusó a cuatro medios, entre ellos Página Siete, a políticos opositores e incluso a la Iglesia Católica de haber orquestado un "golpe mediático-político” con el pretexto del escándalo Zapata.

El Ministro, que lanzó esa acusación en la sesión en la que fue interpelado sobre las denuncias de tráfico de influencias con la empresa china CAMC, como ya se ha hecho habitual en estas sesiones, pasó de interpelado a interpelador. La bancada oficialista impidió hablar a la diputada interpelante.

En su larga y exaltada alocución, el Ministro sostuvo que Página Siete, la Agencia de Noticias Fides (ANF), el periódico cruceño El Deber y la red de emisoras radiofónicas ERBOL, además de periodistas como Amalia Pando, Raúl Peñaranda y Andrés Gómez, forman parte de un "cártel de la mentira”, que habría complotado con políticos opositores para "desestabilizar” al régimen, y los responsabilizó de la derrota del MAS en el referendo del 21F.

Conviene formular algunas aclaraciones y puntualizaciones: 1) los medios no inventaron la relación de Evo con la señora Zapata, puesto que el mismo Presidente la admitió; 2) tampoco inventaron el nacimiento de un hijo entre ambos, que también fue admitido por el Mandatario (Página Siete dio la información después de que el Presidente admitiera el hecho, no antes); 3) no fueron los medios los que encumbraron a Gabriela Zapata en su influyente puesto gerencial; y 4) no fueron los medios los que inventaron la existencia de un posible tráfico de influencias: fue el propio ministro Quintana quien denunció la existencia de una "organización criminal” encabezada por Gabriela Zapata y la exfuncionaria Cristina Choque, que funcionaba ¡en su propio ministerio! El señor Quintana alega desconocimiento, pasando por alto que no sólo se peca por acción sino también por omisión.

Página Siete y los medios que podían y/o querían hacerlo dieron cobertura a todos los actores de este episodio, a las señoras Zapata y Choque, pero también al Presidente y los ministros que desfilaron por los medios dando contradictorias explicaciones sobre el caso. Basta acudir a la hemeroteca para comprobar cuál de las dos partes ha tenido más acceso a la difusión de su versión. Pero la verdadera intención de este nuevo ataque es otro.

Las "aclaraciones” del Gobierno no buscan restablecer la verdad ni se inspiran en una vocación democrática, sino en la clara intención de desacreditar y anular las voces divergentes. El Gobierno, como ya lo ha anticipado, pretende modificar la Ley de Imprenta con el fin de no sólo amedrentar -pues para eso bastaría el discurso de Quintana- sino controlar o acallar a medios y periodistas críticos y a las redes sociales, los últimos espacios que quedan en el país para la expresión libre y el debate plural. El fin último no es otro que anular cualquier obstáculo, dentro del proyecto hegemónico y continuista del actual Gobierno, para revertir la decisión soberana del referendo del 21F.

Página Siete toma nota de las amenazas. No son únicamente las palabras vertidas por el Ministro de la Presidencia en la Asamblea Legislativa: la virtual desaparición de la Defensoría del Pueblo (la única institución estatal autónoma que quedaba), las claras violaciones a los derechos a la defensa y al debido proceso con la detención de abogados; y la amenaza de procesos a diestra y siniestra ponen en evidencia la indefensión ciudadana y permiten avizorar con preocupación un camino tortuoso para el país.

Página Siete, como ha venido haciendo desde su creación en 2010, no se dejará intimidar ni amedrentar por las bravuconerías de un funcionario, por todopoderoso que sea, y continuará con su labor de información, investigación, análisis y fiscalización de los actos del Gobierno como corresponde a todo medio de comunicación que se precie.









 

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