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Culturales
Los dispacitados en las instancias internacionales


[2016-05-27]
La Constitución Política dispone que los tratados sobre derechos humanos ratificados por Bolivia que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente a ésta.

Bolivia ha ratificado muchos tratados sobre derechos humanos, entre ellos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención y el Protocolo Facultativo de Naciones Unidas de 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En virtud de esto, el Estado debe garantizar a los discapacitados el goce pleno de sus derechos, brindándoles calidad de vida, salud, educación, empleo, vivienda, habilitación y rehabilitación, participación en la vida política, igualdad y no discriminación.

La Convención de las Naciones Unidas, de la que somos parte, dispone la obligación del Estado a adoptar políticas públicas -hasta el máximo de sus recursos disponibles- para lograr el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los discapacitados, gestionando recursos de la cooperación internacional, si fuere necesario. Asimismo, señala que en situaciones de riesgo, los Estados deben adoptar medidas y salvaguardias para garantizar la seguridad, y protección de las personas con discapacidad, impidiendo que sean sometidas a torturas o sometidos a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

El tema de los discapacitados ha pasado a ser una cuestión importante de derechos humanos, tutelada por el derecho internacional. Naciones Unidas ha señalado que "la discapacidad es un concepto que evoluciona y que cuantos más obstáculos hay, más discapacitada se vuelve una persona”.

Para una protección efectiva, la Convención y el Protocolo de 2006 crearon el Comité de Defensa de los Derechos de los Discapacitados para que las víctimas de una violación provocada por un Estado presenten sus denuncias, de modo que el Estado aludido informe de las medidas correctivas adoptadas, rectificando dichas violaciones.

Internamente también se han aprobado leyes y decretos reservados a la protección de los discapacitados y a la provisión de recursos y bienes en su beneficio, entre ellos: las leyes 1678 y 223 para la protección de los Discapacitados. La Ley 3925 que elimina el financiamiento estatal a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas y crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE) a favor de los discapacitados, financiado con un aporte anual de 40 millones de bolivianos. El Decreto 1944 que crea la Unidad Ejecutora del FNSE y da competencias al Ministerio de la Presidencia para la adquisición y transferencia de bienes para los discapacitados. El Decreto 2026 que autoriza al Ministerio de la Presidencia la contratación directa de bienes y servicios especializados para la "implementación de centros de habilitación y rehabilitación a nivel nacional”, por un monto de 33 millones de bolivianos.

Estas normas, internacionales y locales, plantean las siguientes reflexiones:

1. No obstante el mandato explícito de las convenciones internacionales, el Gobierno se niega a atender el clamor de los discapacitados.

2. El derecho internacional prohíbe los tratos inhumanos y degradantes; sin embargo, la Policía ha infligido violencia extrema contra los discapacitados.

3. El Ministerio de la Presidencia realiza la adquisición, transferencia y contratación directa de bienes, y servicios para los "centros de habilitación y rehabilitación” y la población ignora cómo se administran dichos recursos; esto debería ser público, con la participación de una representación legítima de los discapacitados.

4. Mil bolivianos no alcanzan para cubrir las más elementales necesidades de los discapacitados y el Gobierno está obligado a procurarles una vida digna, todo lo demás es impostura y doble discurso. Por una parte se pregona respeto y sumisión al derecho internacional (tema marítimo) y por otra parte se viola sistemática e impunemente el derecho internacional de los derechos humanos, en especial los derechos de los grupos más vulnerables: indígenas, mujeres, niños y discapacitados. Los bolivianos debemos denunciar estas violaciones ante los comités de la ONU y la OEA, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que el Gobierno atienda el requerimiento de los discapacitados y les provea una vida digna.

Karen Longaric es profesora de Derecho Internacional en la UMSA








 

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