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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Culturales
El acoso contra Diego Ayo


[2016-06-09]
La conminatoria de la liquidadora del ex Fondo Indígena, Lariza Fuentes, al politólogo e investigador Diego Ayo para que se retracte y retire, en un plazo de 48 horas, su libro titulado La verdad sobre el Fondo Indígena, una investigación sobre la corrupción en esa entidad, ha sido de tal despropósito que no ha hecho más que empeorar la imagen y sospechas sobre la gravedad y dimensión de las irregularidades en el Fondioc; además, constituye una expresión de autoritarismo y violación a la libertad de expresión que no tenía paragón en nuestra historia.

Ayo, que es director de la Fundación Pazos Kanki, editó un texto auspiciado por esa entidad, en el que señala varias irregularidades en el marco del escándalo de corrupción que afectó al Fondioc; entre otras, que cientos de dirigentes se han visto beneficiados por depósitos en sus cuentas bancarias personales y que decenas de los proyectos de esta entidad son "fantasmas”. Nada de ello es ni totalmente revelador ni extraño a lo que los bolivianos hemos leído en las noticias. Fue tan grave la situación de esta institución que, justamente, fue necesario cerrarla, liquidarla, para que sus irregularidades no siguieran afectando a la imagen del presidente Evo Morales y el resto del Gobierno. ¿O por qué entonces la señora Fuentes fue nombrada liquidadora? Fue designada precisamente por las enormes dudas, irregularidades, robo y hechos de corrupción cometidos, que han llevado a más de 20 personas a estar detenidas y cientos más de ser consideradas sospechosas.

La señora Fuentes, que además es abogada, lo que en este caso es un agravante, señala que su informe oficial es la "única verdad” en este tema. Ya solo usar la palabra "verdad” es una cosa por lo menos curiosa cuando el reporte oficial es solo una mirada respecto de este tema. La Constitución le da a todos los ciudadanos, precisamente, el derecho de interpretar la información, y es lo que Ayo ha realizado.

Otro que ha hecho uso de ese derecho de "interpretación” es el presidente Morales, quien ha señalado, con datos tomados no se sabe bien de dónde, que las irregularidades del ex Fondo Indígena solo suman 2,5 millones de dólares, cuando la propia señora Fuentes ha mencionado la cifra de 101 millones de bolivianos y la Contraloría, de 71 millones de bolivianos. Ambas son, de todas maneras, insuficientes, ya que representan menos del 5% de todos los recursos administrados por el Fondo Indígena.

Como se puede ver, las dudas y aspectos aún no aclarados en este caso de corrupción no están ni de lejos absueltos y es un derecho democrático exigir que se aclare y que se abra el debate, precisamente con investigaciones como la que presentó Ayo

Pagina Siete editorial








 

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