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Culturales
Ataques contra la prensa


[2016-06-20]
Estamos, de hecho, ante una ofensiva política contra la prensa independiente, lo que afecta a uno de los pilares fundamentales de la democracia en Bolivia. Las organizaciones periodísticas expresaron con claridad su preocupación y advierten con recurrir a instancias internacionales, en caso de mantenerse esta ofensiva jurídica y política contra la prensa independiente

Ataques contra la prensa

La insistencia del presidente Evo Morales de atacar a los medios de comunicación por supuestas ‘mentiras’ en el caso Zapata, la resolución de un juez de pedir listas de periodistas que cubren dicho escándalo y la apertura de un proceso penal contra una periodista del diario Extra configuran un clima aún más adverso para el ejercicio del periodismo y afectan –de hecho– la libertad de prensa en el país.

En línea con el virulento ataque del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que acusó la existencia de un “cártel de la mentira”, Morales no hace más que repetir una cansina e infundada perorata política contra medios de comunicación y periodistas que no hacen otra cosa más que informar sobre un caso que viene dominando la agenda informativa desde febrero. El caso continúa abierto y todavía no sabemos si hubo o no tráfico de influencias por el nombramiento de Gabriela Zapata, exnovia de Morales, en la empresa china CAMC. Una investigación independiente debería dilucidarlo.

En ese marco, el juez Primero de Sentencia, Gonzalo Yépez Portugal, solicitó a seis organizaciones periodísticas –entre ellas a EL DEBER– que presenten grabaciones y publicaciones sobre las acusaciones de Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, contra el ministro de Obras Públicas, Milton Claros. Hasta allí casi no habría mayor problema, dicho material fue publicado y está disponible en cualquier archivo de prensa del país. El conflicto surge cuando el juez reclama, además, una lista con los nombres de los periodistas que elaboraron dichas noticias, en un exceso de sus competencias y atribuciones inadmisible según las leyes vigentes en Bolivia.

El magistrado debería leer y recordar el artículo 28 de la Ley de Imprenta, que señala que los funcionarios públicos que tengan observaciones sobre las noticias publicadas deben dirigirse a un Tribunal de Imprenta, única instancia para dirimir ante un eventual delito de prensa. En ese contexto, el vicepresidente Álvaro García Linera señaló que una “mafia mediático-política” forzó el escándalo Zapata y advirtió con llevar a los comunicadores ante la justicia.

Estamos, de hecho, ante una ofensiva política contra la prensa independiente, lo que afecta a uno de los pilares fundamentales de la democracia en Bolivia. Las organizaciones periodísticas expresaron con claridad su preocupación y advierten con recurrir a instancias internacionales, en caso de mantenerse esta ofensiva jurídica y política contra la prensa independiente

El Deber editorial








 

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