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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Culturales
Acceso a la información


[2016-12-03]
En una democracia moderna, los ciudadanos deben tener acceso pleno a la información pública que se genera en el Estado. Lo contrario es el fundamento de los regímenes autoritarios en sus diversas variantes ideológicas. Solo cuando el ciudadano sabe qué hacen los funcionarios públicos en todas las instancias es que podemos tener las garantías de un ejercicio transparente, legal y eficiente del poder público.

Durante la presidencia de Carlos Mesa, en 2005, fue aprobado el D.S. 28168, sobre el Acceso a la Información en el Órgano Ejecutivo. Luego, desde 2009, la Constitución, art. 21, establece que los bolivianos tienen derecho “a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”. Además, el art. 24 señala que “toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta”. Sin embargo, se requiere una ley específica para regular esta materia. Porque, hecha la ley, hecha la trampa. En Bolivia, el acceso real a la información pública es absolutamente deficiente y burocrático. Los funcionarios que se amparan en las sombras del silencio y un marco legal débil hacen que los ciudadanos comunes no tengan los medios a mano para conocer qué se hace con los recursos estatales.

En todos los países modernos hay obvias restricciones para asuntos de seguridad estatal, pero que no se pueden utilizar esos argumentos para el 99% de las acciones del Estado. Por esa razón, varias entidades y legisladores han planteado proyectos para la regulación del acceso a la información pública y el uso de recursos para la propaganda oficial. Es el caso de las diputadas Jimena Costa (UN), Jhovana Jordán (PDC) y Fernanda San Martín (UD), que han señalado la necesidad de avanzar en este sentido como forma de fortalecer la democracia y contar con gobiernos abiertos al público. De aprobarse el anteproyecto de ley de acceso a la información pública, los ciudadanos podrán acceder sin restricción a documentos públicos.

Pero no es la única iniciativa. La Asociación de Periodistas de La Paz, la bancada opositora en la Asamblea y el sociólogo Henry Oporto presentaron sus propuestas este año. Es decir, hay propuestas, pero se requiere un amplio debate sobre los alcances de estas regulaciones a fin de alcanzar el objetivo planteado: tener ciudadanos más informados y funcionarios mejor controlados. Ojalá así lo entienda la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada mayoritariamente por el oficialismo

EL DEBER editorial








 

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