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Culturales
Bolivia : Más sobre el Canal 7


[2017-06-30]
Como ya hemos señalado en este espacio, son muy graves las denuncias sobre supuestos malos manejos económicos en Canal 7-BTV. Solamente lo denunciado por la actual ministra de Comunicación, Gisela López, exgerente de ese canal, involucran contratos por un monto total de 131 millones de bolivianos. Se menciona que hay más. Una investigación idónea, si ello fuera posible en Bolivia, establecería el daño económico preciso al canal del Estado que ha sido, durante 11 años, vocero gubernamental.

López dijo que su despacho ha detectado seis contratos presuntamente irregulares, ejecutados entre 2013 y 2014, cuando la institución tenía como gerente general a Gustavo Portocarrero. Una de las empresas implicadas es Autored, la misma responsable de haber vendido, con sobreprecio, 300 escáneres al SEGIP, que dirige Marco Antonio Cuba.

Sobreprecios y contratos innecesarios son la norma en varias entidades del Estado, ocasionando un enorme daño al gobierno del presidente Evo Morales. Mientras el país no tiene aceleradores lineales para tratar a los enfermos de cáncer, se gastan millones en oscuros contratos para el Canal 7 y otras entidades estatales.

López parece comprometida con llevar esto hasta el final, aunque una primera duda es por qué no lo hizo cuando era gerente del canal. Las dos ministras antecesoras de López, y posibles afectadas en las investigaciones, señalaron que no tuvieron responsabilidad en los hechos. Ambas aseguraron que BTV, la empresa que dirige al Canal 7, tenía autonomía y que ello les impedía hacer investigaciones mayores.

Esto es, por lo menos, parcialmente falso. Si bien el canal posee autonomía, la cartera de Comunicación tiene por norma tuición sobre el mismo. La exministra Amanda Dávila siempre ha asegurado que "no sabía nada” y, en septiembre de 2014, dijo que ni siquiera conocía los nombres de los miembros del directorio, aunque días después reconoció que era parte del directorio.

Tras la gestión de Dávila vino la de Marianela Paco, quien ha asegurado que ella, durante su gestión, ordenó las investigaciones que López finalmente está llevando a cabo. Justificó no haberlas conducido ella misma debido a la supuesta "autonomía” del canal. Dijo también que, cuando era ministra, le ordenó a López, entonces gerente del canal, aclarar los casos, pero sin éxito. Dio a entender que no contaba con gente de confianza para hacerlo. Agregó -en declaraciones en radio ERBOL- que mediante "personal externo” trató de esclarecer la situación (pero contratar "personal externo” para investigar un hecho estatal puede ser violatorio de la ley).

En su argumentación, Paco olvida que el DS 2731, del 14 de abril de 2016, cuando ella ya era ministra, modificó una norma anterior y redefinió el concepto de "tuición” que el Ministerio de Comunicación tenía sobre el Canal 7-BTV. La tuición, como está definida en ese DS, obligaba al Ministerio a "promover y vigilar, en lo que concierne a los sistemas de Planificación, Inversión, Administración y Control Interno” del medio de comunicación. O sea que, al igual que Dávila, sí puede ser pasible de ser investigada.

Finalmente, el exgerente Portocarrero ha pasado al contraataque y ha señalado que la actual Ministra, cuando era gerente del Canal 7, ordenó algunos contratos, por cuatro millones de bolivianos, que ahora denuncia como irregulares. O sea que todos están más o menos salpicados por este caso. Y por eso no queda claro si, más que intento de esclarecimiento, es un simple ajuste de cuentas internas.

A raíz de estas denuncias, el exgerente técnico del canal, Rubén Márquez, ha sido detenido por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Los fiscales encargados del caso no descartan otras aprehensiones y la ministra López ya anunció auditorías internas a otros dos proyectos más.

Los desfalcos económicos y la existencia de redes de corrupción son, al parecer, indiscutibles y de larga data, resta cuantificar la magnitud del daño financiero.

¿Puede tratarse de otro Fondioc? El tiempo lo dirá, pero lo que queda en evidencia es, una vez más, la penetración de la cultura del robo y dispendio de los recursos públicos. En este caso, se suma que el canal estatal nunca tuvo mayor cantidad de recursos a su disposición y al parecer terminará en una sonora ruina.

Los desfalcos económicos y la existencia de redes de corrupción son, al parecer, indiscutibles y de larga data, resta cuantificar la magnitud del daño.

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