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Culturales
La estatua decrépita


[2017-09-23]
Alfonso Gumucio Dagron
QUIEN CALLA OTORGA

Los caprichos megalómanos del Presidente Morales, ya sea su fálica torre palaciega (el palacio del 7% de coima, según comentan los contratistas) o el museo a su gloria personal en el minúsculo pueblo de Orinoca donde nació, nos hacen olvidar otros antojos "menores”, igualmente arbitrarios, como la estatua de Juana Azurduy de Padilla en Buenos Aires que Evo Morales y Cristina Fernández de Kirchner inauguraron en julio de 2015, cuando la escultura de Andrés Zemeri ni siquiera estaba terminada.

La decisión de poner a Juana Azurduy en lugar de Cristóbal Colón no la tomó ni la presidenta Kirchner ni el presidente Morales, sino el fallecido Hugo Chávez, que con la prepotencia que lo caracterizaba exclamó en una visita a Buenos Aires en 2011: "¡Qué hace ahí ese genocida!”, refiriéndose al navegante genovés, y añadió: "Ahí hay que poner a un indio”.

Ni cortos ni perezosos, Kirchner y Morales se pusieron manos a la obra para complacer al comandante venezolano. Lo que no se atrevió a hacer Evo Morales en La Paz, donde tenemos en un lugar prominente la estatua de Colón (como en todos los países de América), se hizo en Buenos Aires, en un abrir y cerrar de ojos.

Se puede discutir la pertinencia de semejante enroque como jugada de ajedrez, su significación política para sellar una alianza entre dos gobiernos populistas, pero no es lo que me interesa en este comentario. Lo que quiero es subrayar que se trata de un hecho de malversación de fondos y de obra ejecutada sin transparencia, ni en lo económico ni en lo artístico.

En junio de 2013 se comenzó a desmontar el monumento a Colón, que tenía un peso de 600 toneladas y estaba allí desde 1921. Sin haber pensado dónde exiliarlo, terminaron colocándolo frente al aeropuerto local, Aeroparque. Las protestas de quienes se preocupan por la conservación del patrimonio no sirvieron de nada.

Menos de seis meses después de instalada, la millonaria escultura de Juana Azurduy ya mostraba signos de deterioro porque, a pesar de su alto costo, había sido hecha a la mala: un claro negociado. En diciembre del 2015, el diario Clarín informaba que la escultura tenía fallas estructurales y superficiales: "Una de las vigas que sostiene la figura provocó la ruptura de dos de las placas de bronce que dejan al descubierto, como dos grandes agujeros, el interior de la figura”, según la descripción que hacía Wendy Pinto en Página Siete.

Según un informe técnico del ingeniero Pablo Diéguez, la estructura de hormigón y metal mostraba filtraciones de agua, oxidación de armaduras, rajaduras, y otros defectos de diseño y ejecución.

Poco después de asumir el gobierno, el Presidente Macri anunció una investigación sobre el monumento inaugurado apenas un año antes, con un costo de 118 millones de pesos para el gobierno argentino, además del millón de dólares que puso Bolivia.

El caso vuelve a la actualidad porque el 16 de septiembre pasado, por decisión del gobierno argentino, se retiró la estatua del patio trasero de la Casa Rosada para relocalizarla en otro lugar menos prominente, el Centro Cultural Kirchner. Doña Juana Azurduy de Padilla no duró ni dos años en su ubicación original.

La memoria de doña Juana ha sido vapuleada desde el inicio de este proyecto que, como tantos otros, Evo Morales gestionó entre gallos y media noche, sin transparencia y a un costo exorbitante que la Contraloría debería investigar (si tuviéramos, claro está, un contralor independiente del ejecutivo).

Fue una obra mal ejecutada, un engaño costoso para Argentina y para Bolivia. El millón de dólares de donación desembolsado por decisión personal de Evo Morales, como si fuera dinero de su bolsillo, constituye un despropósito más del Presidente. ¿Cuántas obras de escultores bolivianos se hubieran realizado con esa suma de dinero? ¿De dónde salieron esos fondos? ¿Qué procedimientos se siguieron? ¿Cómo se eligió al escultor argentino?

En suma, la historia de la estatua de Juana Azurduy en Buenos Aires no es sino una "pequeña” muestra que sería suficiente para un juicio de responsabilidades a Evo Morales por malversación de fondos del Estado. Si hiciéramos la lista de todos los otros contratos que autorizó directamente, sin transparencia, el hombre tendría que pasar en la cárcel el resto de los días y sus condenas podrían sumar varios miles de años.

No debemos quitar el dedo del renglón de estos y otros hechos sobre los que el Primer Mandatario tendrá que rendir cuentas cuando llegue el momento.

Alfonso Gumucio Dagron es comunicador social experto en comunicación para el desarrollo








 

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