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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Ecologia
País deforestado


[2017-05-11]
Casi un millón de hectáreas de bosques, un poco más que la extensión de Puerto Rico o Jamaica, fueron deforestadas en Bolivia entre 2012 y septiembre de 2016. La estremecedora cifra revela que, por razones industriales y por el avance de los explotadores clandestinos, estamos destruyendo lo poco que queda de los recursos forestales, con graves efectos sobre el medioambiente.

Según cifras de la Autoridad de Control, Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), 676.332 hectáreas (75%) fueron deforestadas de forma ilegal, mientras que 228.736 (25%) lo fueron de forma legal, haciendo un total de 905.609 hectáreas que quedaron sin bosques en cuatro años. Las ecorregiones de Gran Chaco, sudoeste de la Amazonia y el Bosque Seco Chiquitano aparecen como las zonas más afectadas por la destrucción del patrimonio forestal. El departamento de Santa Cruz concentra la mayor cantidad de bosques arrasados por este fenómeno. La mayor presión proviene de la explotación ilegal de madera y la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Con débiles controles estatales y fuertes presiones de poderosos intereses económicos, la depredación hoy es la regla, lo que pone en riesgo el patrimonio ambiental de Bolivia.

Los empresarios de la madera señalan que el mayor problema es la explotación clandestina de bosques frente a la cual el Estado se muestra prácticamente inerte. En particular, la situación del Gran Chaco es alarmante. La acelerada pérdida de masa boscosa está abriendo paso a la erosión de los terrenos y está el riesgo de transformar aquella región en un desierto sin vida. Expertos señalan que el mayor problema está en la ganadería, que requiere grandes extensiones de terreno para su desarrollo y, además, tiene graves efectos ambientales por su gran emisión de gases de efecto invernadero.

Si bien es fundamental la fiscalización y represión del Estado contra los explotadores ilegales, todos los actores sociales deben asumir un rol más activo para frenar esta nociva tendencia. Especialmente los productores agropecuarios que deben garantizar la reforestación de sus terrenos y evitar la destrucción indiscriminada de árboles. Lo mismo en las ciudades, las autoridades municipales, organizaciones sociales y población en general deben contribuir a preservar las áreas verdes y plantar más árboles cada día. Conservar nuestro patrimonio ambiental debe ser una prioridad de las políticas públicas, de eso depende el futuro de las próximas generaciones.

EL DEBER editorial








 

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