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Ecologia
¿Evo es juez y parte de los cocaleros?


[2017-07-27]
El último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) trae la novedad de que los cultivos de coca en Bolivia han aumentado en 14% entre las gestiones 2015 y 2016. Eso quiere decir que ahora Bolivia tiene 23.100 hectáreas de coca.

La cantidad de parcelas, en comparación a las 146 mil hectáreas que existen en Colombia, no parece significativa, sin embargo, si se toman en cuenta los avances de los últimos años, el crecimiento no deja de ser preocupante puesto que se registra después de cinco años de logros netos en materia de erradicación de cocales. En esa línea, el informe da cuenta de una caída en la eliminación de plantaciones del 40% en comparación al año anterior.

Otro dato también llamativo es que los cultivos de coca han aumentado en los parques nacionales de 204 a 253 hectáreas, es decir, 24%. No son grandes números, pero no dejan de ser importantes porque se supone que las reservas naturales son intocables, sobre todo, para actividades ilícitas.

Hasta ahora, se ha detectado coca en seis de las 22 áreas protegidas, entre ellas el TIPNIS, donde ya se han planificado el inicio de la erradicación, al mismo tiempo que el MAS promueve una ley para retirar la intangibilidad del parque.

Los números no son alarmantes en sí mismos. Sin embargo, la variable política es la que está causando mayor conflicto, puesto que una vez aprobada la Ley de la Coca, que legaliza 10 mil nuevas hectáreas de plantaciones, siete mil de las cuales se encuentran en el Chapare, han empezado a surgir otras demandas de sectores que creen tener el mismo derecho que los productores del Trópico.

Es el caso de los cocaleros de Yungas que han planteado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de la Coca, y los cultivadores de Colomi que la pasada semana han protagonizado un bloqueo carretero exigiendo ser tomados en cuenta en el reglamento de la citada norma.

El Gobierno ha rechazado las demandas planteadas y ha mandado el mensaje de que no permitirá ni una sola hoja de coca en los parques nacionales. La posición tenaz es la que corresponde a cualquier Gobierno que quiera luchar auténticamente contra el narcotráfico y contra la materia primera de la cocaína, sin embargo, siendo el presidente Evo Morales el líder de las federaciones de cultivadores de coca del Chapare, algún mal pensado podría creer que lo que busca es quitarse del camino a los competidores de su sector.

Por otro lado, cabe preguntarse con qué moral puede mostrar ese discurso de firmeza si el Presidente y dirigente cocalero acaba de firmar la Ley de la Coca que beneficia fundamentalmente a sus afiliados. Y, la otra interrogante es en qué calidad acudirá Morales cuando se siente a negociar (si es que lo hiciera) con los otros cocaleros. ¿Lo hará como Presidente o como dirigente? o ¿cómo evitará ser juez y parte del conflicto?.

No hay que perder de vista que el Gobierno llegó hasta el Palacio de Gobierno promovido por los cocaleros del Chapare y era de esperarse que un buen día usaran ese poder para preservar sus intereses particulares.

En ese afán, hasta ahora, el oficialismo ha logrado la constitucionalización del valor cultural de la hoja de coca el 2009, ha conseguido que la ONU despenalice el acullico el 2013 y ha aprobado una nueva Ley de la Coca este 2017.

Ha sido una estrategia legal cuidadosamente pensada y lentamente aplicada. Ahora esa estrategia, tiene su correlato con los hechos: el crecimiento de las plantaciones de coca y la caída de la erradicación.

Y, mirando toda la estructura legal que se ha aprobado no habría motivo para el reproche, puesto que las 23.100 hectáreas exceden solo en 1.100 el límite permitido por la nueva ley.

Es decir, el crecimiento de los cocales es legal y seguirá siendo así por muchos años porque no habrá Gobierno que se atreva a cambiar esa norma y menos la Constitución sin arriesgar su supervivencia o la estabilidad política del país.

Los cocaleros saben cómo defenderse. PAGINA SIETE editorial








 

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