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Ecologia
Acuerdo con los agroindustriales


[2018-01-05]
Después de años de tensiones entre el sector agroindustrial y el Gobierno, finalmente hubo un acuerdo de trabajo conjunto. La tendencia controladora del actual Gobierno se vio reflejada en políticas que establecieron cupos de exportación y control de precios, acciones que, cuando pasan ciertos límites, causan escasez e inflación, como dramáticamente lo demuestra el caso de Venezuela.

La idea era que los agroindustriales debían ser forzados a cubrir primero el mercado interno boliviano y, después, exportar los saldos. Lo que ello provocó fue que los agricultores, al no tener el aliciente de exportar y estar forzados a vender internamente sus productos, muchas veces a precios más bajos que los internacionales, decidieron reducir las áreas cultivadas. Si bien en Bolivia ha habido un crecimiento en la actividad agrícola en general, este fenómeno impidió un aumento mayor. La lógica contraria resulta más conveniente: al poder exportar de manera irrestricta, la producción es mayor y se abastece el mercado interno con facilidad.

En una reunión sostenida hace unos días en Santa Cruz con el presidente Evo Morales, el sector privado del oriente logró la liberación irrestricta de la exportación de soya, carne, sorgo y azúcar. Más sorprendente, el Gobierno anunció la posibilidad de autorizar productos transgénicos de maíz, caña, algodón y soya.

Luego de establecer la autorización para los cuatro rubros mencionados, Morales aclaró que el Estado aplicará “los controles y el seguimiento necesario” para garantizar el abastecimiento interno y precios justos. Esta declaración parece solamente formal ya que el acuerdo de permisos de exportación es “irrestricto”.

Respecto a los transgénicos, el Gobierno aceptó que el sector privado presente una propuesta en el primer trimestre del presente año. Este acuerdo será más difícil de lograr ya que la Constitución prohíbe estos productos (excepto la producción de soya resistente al glifosato, un herbicida de amplio uso en el país).

Además, el acuerdo prevé estudiar una nueva delimitación en la reserva forestal de Guarayos considerando los asentamientos humanos y las inversiones realizadas.

No todo es color de rosa. Ambientalistas y especialistas en desarrollo sostenible temen que este acuerdo entre agroindustriales y el Gobierno amplíe peligrosamente la frontera agrícola, lo que implicaría deforestación masiva, y perjuicio a la agricultura de pequeña escala, que se orienta a la producción de alimentos. La soya y el sorgo, por ejemplo, no se usan para la alimentación humana sino animal. Con todo, el acuerdo alcanzado racionaliza y garantiza la actividad de los agroindustriales.

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