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Economia
Bolivia : Buen uso de los recursos públicos


[2015-03-03]
El Gobierno ha formulado una propuesta técnica que debería ser comprendida como un "proceso de concertación" entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, pero además con participación social de las ciudadanas y los ciudadanos a través de sus representantes reconocidos para dar "un buen uso a los recursos públicos", lo que se define ahora como "el pacto fiscal", en concordancia con la asignación de competencias establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE).

Así más o menos se plantea la figura para debatir sobre el "pacto fiscal" para establecer una norma, lo más próxima a las expectativas ciudadanas en cuanto tiene que verse con la distribución de los recursos del Estado, pero en un plano de verdadera equidad y solidaridad.

Las autoridades gubernamentales han expuesto además una visión más general sobre los recursos nacionales, de modo que su utilización sirva de manera práctica y de forma acelerada a "eliminar la extrema pobreza".

Se ha iniciado el tratamiento del delicado tema y la colectividad en su conjunto espera que el debate sea amplio y abierto a todos los sectores sociales por encima de diferencias políticas circunstanciales.

Hay varias propuestas para modificar el esquema de reparto, de modo que no se trate de una simple repartija de fondos, sino más bien de una correcta asignación de fondos que permita cumplir objetivos de verdadero desarrollo y no "sólo de maquillaje intrascendente". Actualmente el Ejecutivo administra el 88 por ciento de los recursos públicos y el restante 12 por ciento es distribuido entre las gobernaciones, municipios y universidades.

Una primera propuesta de cambio se origina en las gobernaciones del oriente, proponiendo una distribución de 50/50 por ciento, lo que significa que la mitad de recursos de coparticipación entre las regiones y sólo el resto disponible para el poder central, tomando en cuenta que ésta distribución debe corresponder sólo a los recursos de coparticipación y no así al Presupuesto General del Estado (PGE).

El asunto es de incumbencia general y debería debatirse abiertamente no sólo con delegados de gobernaciones, de municipios y de pueblos indígenas originarios, sino fundamentalmente con delegados de la población civil cuyos intereses son determinantes en el uso de recursos para proyectos de desarrollo sostenible en las ciudades. Hay que establecer condiciones apropiadas para priorizar tanto el gasto como la inversión pública, lo que permitirá establecer responsabilidades comunes en los roles que corresponden al sector privado como al público, en el uso, inversión y destino eficiente de los recursos públicos en el proceso de la producción.

Otro punto de vista sobre el mismo tema, señala no caer en el error de tratar el asunto superficialmente como si se tratara de la renovación de un pacto "rentista" entre sectores burocratizados del sector centralista y de los correligionarios subnacionales, excluyendo lamentablemente a los importantes protagonistas sociales y económicos de la actividad productiva nacional.

Hay una visión objetiva sobre el Pacto Fiscal y es que se trata de un sistema recaudador de impuestos y el destino de los mismos es lo que está en juego, por lo mismo que debe ser parte de un acuerdo sociopolítico, cuyos directos responsables son necesariamente los actores políticos, pero ineludiblemente también los representantes de la sociedad civil. Este hecho debe tomarse en cuenta para seguir trabajando en la búsqueda de la mejor adecuación de un "pacto fiscal", renovado y útil a los intereses colectivos del país.

La Patria editorial








 

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