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Economia
Más estímulo a la corrupción


[2013-12-11]
Por Alberto Zuazo Nates El Gobierno tiene en trámite final en la Asamblea Legislativa la anulación de la Ley de Administración y Control Gubernamental (Ley Safco), por considerar que es limitativa para el funcionamiento de las empresas públicas estratégicas.

Con ello, se eliminaría las normas que aplica la Contraloría para salvaguardar el interés público, al establecer que los contratos de bienes y servicios estén sujetos a licitaciones y que las adjudicaciones aseguren su calidad y eficiencia.

La ministra de Planificación, Viviana Caro, justificó ante el pleno de la Cámara de Diputados la conveniencia de dejar sin efecto la Ley Safco en las empresas públicas, al sostener que a éstas no les permite realizar operaciones oportunas.

Aparte, según la Ministra, las normas de dicha Ley fueron creadas para entidades públicas, pero no para las empresas públicas y que esto generó vacíos y dificultades en la gestión de éstas últimas.

El proyecto de Ley de Empresas Públicas está conformado por 67 artículos, 12 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, y 13 disposiciones finales, algunas de éstas imponen restricciones a la libertad de prensa e información. La Asociación de Periodistas de La Paz las rechazó.

No es una novedad que ahora se recurra a la vigencia de una ley para aquellos efectos. El ex senador Óscar Ortiz Antelo presentó a la Cámara Alta, en 2009, un informe ante la Cámara Alta, en forma de textos de cinco decretos supremos que en su concepto “han permitido un fácil y amplio acceso a los fondos públicos a quienes ejercen funciones públicas”.

A tiempo de analizar los textos de los decretos referidos, el ex senador Ortiz Antelo asegura que con tales instrumentos “el MAS ha institucionalizado la Corrupción”.

De ocurrir ello, la ley en trámite ante la Asamblea Legislativa no haría otra cosa que ampliar más el espacio de corrupción en el funcionamiento del aparato estatal.

En este caso, además, resulta extraño que se trate de diferenciar la “Empresa Estratégica” con la empresa pública en general, cuando ambas deben cumplir un mismo objetivo: administrar correctamente los intereses fiscales, con transparencia.

La ministra Caro, a tiempo de justificar la aprobación de la nueva ley, apeló a un ejemplo pueril, al decir que la empresa de aeronavegación BoA “cada vez que vende un pasaje tendría que hacer una licitación, así no funciona una empresa”.

La Ley Safco no llega a esos extremos. Su funcionamiento está destinado a revisar la rendición de cuentas y más precisamente las auditorías semestrales o anuales para establecer si las operaciones en general han sido o no regulares y, obviamente, correctas.

Tampoco tiene mayor asidero, al subestimar la indicada ley de fiscalización con el argumento de que “tenemos también mayor burocracia y mayor gasto”.

En el primer caso, habrá que recordar que desde 2006, cuando asumió el MAS el ejercicio del poder gubernamental, hasta el año pasado, se duplicó la burocracia estatal. Este sí es mayor gasto.

Pero es también pertinente echar una mirada al comportamiento actual de las empresas estatales. YPFB, desde que se “nacionalizó” el sector petrolero, jamás presentó por lo menos una sola auditoría, según denuncias de expertos y de legisladores de oposición. De otro lado, el Gobierno creó varias empresas estatales y hasta ahora no funcionan. En una entrevista radial, un ciudadano expresó que “Papelbol resultó ser un papelón”.

Entonces, aquello de que las licitaciones demoran tres o seis meses, es mejor a que se realicen contratos directos para la provisión de bienes o realización de servicios, pues demoran años para entrar en operaciones y ronda la corrupción.

En declaraciones a un diario, el diputado opositor Andrés Ortega advirtió que con este tipo de liberación de normas, “lo que se ha hecho técnicamente es crear monopolios empresariales del Estado y, obviamente, como buen monopolio, tiene subvenciones, ventajas y reglas de juego favorables”.








 

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