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Economia
Patzi y el conflicto autonómico


[2016-08-11]
La ley marco de autonomías se aprobó en 2010 como una manera del Gobierno de aprovechar para sí las energías y aspiraciones descentralizadoras de los departamentos, especialmente los del oriente y sur. Pero el Gobierno, en rigor, no cree en la autonomía. Una verdadera autonomía arriesgaría el control casi absoluto que tiene del poder. La descentralización es una forma de democracia que, justamente, "democratiza” la entrega de recursos y reparte atribuciones y competencias entre gobiernos departamentales y municipales.

El estatismo, obviamente, descree de la autonomía y prefiere un sistema centralista que le entregue la mayor cantidad de influencia posible. Es así que, como hemos visto en la última década, es el presidente Evo Morales en persona el que encabeza el programa "Evo cumple”, que entrega recursos públicos en forma de obras, muchas veces superponiéndolas a competencias locales o departamentales. Esta es una manera de "matar” la descentralización, modelo en el que un alcalde o gobernador no necesitaría "pedir” al Presidente la entrega de esos recursos, sino cumplir con un protocolo y un programa para obtenerlos transparentemente del Estado.

Es así que el actual Gobierno controla el 85% de los recursos estatales; y desde esta posición no ha discutido el denominado Pacto Fiscal, que redistribuiría la torta de la coparticipación tributaria. La mencionada ley marco establece que el sexto mes después que se entreguen oficialmente los resultados del censo (junio 2015), debía autorizarse ese Pacto Fiscal. Ha pasado un año y medio y no pasa nada.

Exasperado por esa lentitud, y recogiendo las demandas y aspiraciones de otros departamentos y municipios, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, ha iniciado un ayuno voluntario exigiendo para su departamento el 4% de los tributos nacionales o el 15% de los que provienen de La Paz.

Su pedido es razonable porque su presupuesto anual es claramente insuficiente y, al parecer, se cansó de "rogar” al gabinete por el aumento de éste.

Pero, mientras el Gobierno departamental asegura que no tiene recursos para la ejecución de obras, el Gobierno central asegura que eso no es cierto y que la Gobernación paceña es una de las que más recursos tiene, pero que carece de una ejecución eficiente. El ministro Luis Arce señaló recientemente que el gobierno departamental de La Paz tiene más de 200 millones de bolivianos que no son ejecutados.

En respuesta, Patzi sostuvo que "(hay) una visión de querer monopolizar todas las acciones desde el Gobierno central. Por ejemplo, hace tinglados o enlosetados que deberían ser ejecutados por los municipios. El Gobierno central debería ejecutar las competencias que le asigna la Constitución”.

Todo parece indicar que este tira y afloja va a seguir, independientemente de las medidas de presión que adopte el gobierno departamental. El Gobierno -a pesar de tener un ministerio del ramo- no da señales de querer debatir el problema.

Esta lucha del Gobernador refleja el punto muerto al que está llegando el proceso autonómico, cuya existencia depende precisamente de la capacidad de diálogo y acciones concurrentes y complementarias entre los distintos niveles de gobierno. Por ello es importante y valerosa la posición adoptada en La Paz. Patzi ha tomado una decisión un poco desesperada, pero parecía no tener otra vía. También se puede afirmar que la lucha de Patzi tiene pocas posibilidades de éxito. El Gobierno le dijo "No” a Potosí, pese a que cientos de sus dirigentes y delegados llegaron a La Paz para demandar obras y proyectos. Y luego le dijo "No” a las personas con discapacidad, con el bono que exigían.

Con todo, la medida del gobernador Patzi servirá para debatir o reflexionar a fondo sobre los procesos autonómicos, incluidos en nuestra CPE. La vocación autonomista, tantas veces ensalzada y adoptada por el Gobierno como una forma de gobierno, no debe ser sólo parte de un discurso, sino traducirse en un Estado más moderno y eficiente

Pagina Siete editorial








 

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