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Economia
La austeridad, de los dichos a los hechos


[2016-10-29]
Aunque estamos muy lejos de llegar a extremos que pongan en riesgo la estabilidad económica, política y social tan arduamente conquistada, no vale la pena esperar que avance el proceso de deterioro

Desde hace algo más de un año, más precisamente desde que en su mensaje a la nación del 6 de agosto de 2015 el presidente Evo Morales reconociera por primera vez la necesidad de “ajustarse los cinturones” por las dificultades que traería consigo la caída de los precios internacionales de las materias primas que exportamos, el concepto de “austeridad” ha sido adoptado como uno de los pilares de la política económica vigente en nuestro país.

Cuando esos primeros llamados a la prudencia fueron hechos por el Primer Mandatario, fueron muy bien acogidos por la gente. Es que pocos pueblos como el boliviano han acumulado tanta experiencia colectiva en materia económica, como directa consecuencia de traumáticas experiencias históricas.

Son esos antecedentes, que ya forman parte de la cultura económica de nuestro país, los que explican en gran medida la relativa responsabilidad con que durante los últimos 10 años se han administrado las cuentas fiscales y la política económica en general, muy lejos de errores como los que condujeron a Venezuela a una situación tan diferente a la boliviana, a pesar de la similitud de las circunstancias y las afinidades ideológicas de sus gobernantes.

Por eso, con las consabidas excepciones, las medidas adoptadas en nombre de la austeridad, por dolorosas que hayan sido, como la suspensión del pago del segundo aguinaldo contaron en su momento con la comprensión y el apoyo de gran parte de la población.

Sin embargo, no es menos cierto que, pese a lo sólidos que son esos factores, esa percepción pueden revertirse si quienes gobiernan no dan suficientes muestras de prudencia y responsabilidad. Y eso es, lamentablemente, lo que al parecer está empezando a pasar, pues de un tiempo a esta parte han salido a luz demasiadas muestras de incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Las enormes sumas de dinero que a diario se despilfarran en campañas de propaganda, bajo el rótulo de comunicación, son un ejemplo de lo dicho. Las compras de bienes suntuarios para decorar oficinas públicas, nada menos que del Ministerio de Economía y Finanzas, o para la empresa estatal petrolera, son otro. A ello se suman los anuncios que a diario se hacen sobre multimillonarios gastos en obras públicas improductivas, mientras se arguye que la austeridad impuesta por factores externos obliga a posponer inversiones imprescindibles para el bienestar colectivo.

Esa falta de correspondencia puede tener —de hecho ya lo tiene— muy negativos efectos sobre la relación entre el Gobierno y la sociedad. Y aunque estamos aún lejos de llegar a extremos que pongan en riesgo la estabilidad económica, política y social tan difícilmente preservadas, no vale la pena esperar que avance el proceso de deterioro para hacer las rectificaciones necesarias. Frenar en seco cualquier forma de despilfarro es, para eso, una condición principal.

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