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Economia
Crítica al actual modelo de inversión pública


[2017-03-22]
Iván Finot Catalejo
Iván Finot

En un artículo anterior (Página Siete 9 de marzo 2017) se señalaba que en la gestión del MAS el Estado ha asumido un rol protagónico en la economía y que el riesgo de este modelo es añadir el poder económico al poder político, que naturalmente se concentra en quién gana las elecciones.

Un riesgo, ciertamente, porque el objetivo de los políticos no es la rentabilidad de las inversiones, sino prolongar su disfrute del poder, disfrute que, a su vez, proviene de obtener apoyo mayoritario en elecciones y otras consultas nacionales, en el caso actual gracias a una permanente campaña electoral en la que el Presidente inaugura incesantemente obras de toda dimensión.

En el apuro por lograr este objetivo, con demasiada frecuencia se prescinde de licitaciones públicas y se prefiere las invitaciones y adjudicaciones directas "llave en mano”. Además, también con frecuencia se encomienda a los mismos adjudicatarios realizar los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño final que deberían ser realizados previamente. Se considera que estos estudios y las licitaciones son meros trámites que se pueden soslayar en beneficio de rápidas ejecuciones. Pero hacerlo así puede tener graves consecuencias para el país.

Pese a que el partido de gobierno se declara "socialista”, lo que menos hace con decisiones como las descritas es planificación. Ésta consiste no solamente en definir una estrategia que comprenda ideas de proyectos de inversión pública, sino, al asignar recursos hacia éstos, reemplazar los mecanismos de mercado típicos de la inversión privada por técnicas que garanticen máximas rentabilidades sociales. Para ello el Ejecutivo debe analizar previa y cuidadosamente las alternativas de cada idea de proyecto según ubicación, mercados y tecnologías, a fin de poder definir que cada uno de ellos sea ejecutado, y luego funcione, con un máximo beneficio general en relación al respectivo costo social. Y no ejecutarlos si los respectivos estudios previos demuestran que habrá pérdidas.

Finalmente, una vez establecidas las condiciones para obtener los resultados socialmente más beneficiosos, llamar a licitación pública para decidir quién ejecutará los proyectos así definidos.

Es cierto que en el pasado, con frecuencia, después de que una empresa ganaba una licitación se "descubría” -a veces repetidamente- que el costo sería mucho mayor que lo definido previamente y que, además, los plazos de ejecución se alargaban. Pero el error no estaba en el mecanismo sino en los estudios previos: "errores” como éstos deberían ser evitados estableciendo fuertes penalidades para los funcionarios que resultaren responsables de los mismos.

En ambos casos: 1) errores intencionados en los estudios previos o 2) adjudicación directa y sin realizar previamente estos estudios se da lugar fácilmente a sobreprecios, que los empresarios suelen agradecer con montos en beneficio de los funcionarios que deciden y/o financiando campañas políticas (ver artículo del autor "El riesgo de la corrupción”, Página Siete, 11 de marzo 2015). En los dos casos los costos suben pero es en el segundo que al errar en estimación de mercados localización y/o tecnologías de producción, se puede esperar los peores resultados en términos de costo social.

Por otro lado, a fin de mantener el ritmo de inversión pública no obstante la caída de los precios de exportación se está endeudando al país con crédito de proveedores en dichas adjudicaciones directas (por ejemplo en el caso CAMC). Al saltarse, según se ha mencionado, condiciones indispensables para garantizar que el gasto público sea rentable socialmente, lo previsible es que los ingresos generados por las actuales inversiones públicas no sean suficientes para devolver los créditos así contraídos y sus respectivos intereses.

En síntesis, el gobierno central ha asumido un papel protagónico en la economía pero ejecuta una parte importante de la inversión de la peor manera al eludir normas básicas que garanticen eficiencia social. Si esa parte estuviera a cargo del sector privado al menos funcionarían los mecanismos de eficiencia privada propios de ésta. Parece haberse olvidado la crisis que también se originó bajo un modelo estatista y con créditos fáciles, el del gobierno dictatorial de Banzer (1971-1978), que generó la deuda que después hubo que pagar con hiperinflación. Es urgente rectificar.

Iván Finot es MSc en economía, experto internacional.









 

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