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    Cochabamba, 20 de Septiembre de 2018
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Economia
Ruidos en el sector energético


[2017-06-29]
La decisión de aumentar las tarifas de la energía eléctrica en casi todo el país y la intervención militar de la cooperativa de luz de Guayaramerín señalan la emergencia de problemas en el sector eléctrico que deben ser atendidos con urgencia por las autoridades nacionales.

Consumidores domiciliarios y el sector productivo son los principales afectados por el incremento del 3% en la energía eléctrica, motivo por el cual hemos visto movimientos de protesta en Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba, las ciudades más afectadas por el aumento. Las autoridades del Ministerio de Energía salieron rápidamente a aclarar que se trata de aumentos previstos por la ley, que no tendrán efectos significativos para los consumidores finales. De hecho, 1,1 millones de usuarios serán beneficiados con la denominada Tarifa Dignidad, por lo que pagarán Bs 1 por el reajuste. Sin embargo, las juntas vecinales que se movilizaron señalan que los incrementos son mucho mayores y que tendrán un impacto en la canasta familiar. Los empresarios alertaron que la suba tendrá un efecto multiplicador nocivo para la economía boliviana que, paradójicamente, enfrenta una ralentización de su producción debido a un contexto internacional adverso por la baja en los precios del petróleo y la recesión en países clave para las exportaciones bolivianas.

No menos preocupante ha sido la intervención de la Cooperativa Electrificación Guayaramerín por parte de la Autoridad de Electrificación. Los cooperativistas denuncian la acción militar como un atropello contra los intereses y la administración autónoma de las cooperativas en materia de servicios básicos fundamentales. El mayor desafío está en la inversión pública para garantizar la provisión de energía eléctrica en el mercado interno y para la exportación. El proyecto Rositas para la construcción de una represa hidroeléctrica todavía presenta importantes obstáculos que impiden la realización de esta obra estratégica para la región. Este es un ejemplo más de la falta de efectividad y eficiencia que enfrentan las políticas públicas en materia de infraestructura.

Ojalá que los aumentos en las tarifas y las intervenciones no sean más que ruidos pasajeros para un sector estratégico para la economía boliviana. Si no fuera así, será urgente la adopción de medidas que permitan garantizar un servicio fundamental para todos los bolivianos.

EL DEBER editorial








 

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