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Economia
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[2017-10-18]
El escándalo por el desfalco del Bancoi Unión, equivalente a 37,6 millones de bolivianos, sigue generando repercusiones y dudas. El exministro de Economía Luis Arce realizó la semana pasada una declaración insólita: dijo que el desfalco fue "insignificante”, ya que implica una cifra que "no llega ni al 1% del patrimonio del banco” (aunque luego se estableció que supera el 2%). Es insólito, sin duda, que el robo de millones de bolivianos de una entidad estatal pueda ser "insignificante”. Si lo que quiso decir la exautoridad es que la estabilidad de esa institución no está en riesgo, se expresó erradamente.

Al calificar un acto tan grave con esos términos, el exministro lo que hace es enviar una señal de impunidad contra los responsables de ése y otros hechos irregulares que se suceden en el país con frecuencia. Si 5,4 millones de dólares son "insignificantes”, pues entonces cifras menores que son sustraídas por funcionarios públicos del Gobierno central y de los gobiernos locales no deberían generar mayor preocupación.

El caso recién está empezando, pero ya genera dudas muy grandes. Como ya se escribió en estas páginas, no es creíble que un funcionario haya retirado 125 mil bolivianos en promedio diariamente durante 10 meses de una remota sucursal del altiplano, la de Batallas, sin que ningún ejecutivo haya podido percatarse. Además, es muy poco probable que en esa sucursal haya habido un movimiento diario de dinero tan grande, durante tantos meses.

Como constató Página Siete en su visita al lugar, la oficina del Banco Unión en esa localidad es un garaje acondicionado para oficina, donde trabajan no más de ocho funcionarios, incluido el personal de limpieza y seguridad. Si alguien roba –sin generar sospecha- tal cantidad de dinero de una agencia bancaria, se presume que es porque hay más efectivo en la agencia; lo que viendo las imágenes de la oficina de Batallas es imposible.

La mayor parte de la gente que ingresa a la agencia lo hace para cobrar remesas o recoger su Bono Dignidad. Algunos tramitan créditos productivos o comerciales, la mayoría realiza operaciones simples, de poco volumen y menor importancia.

Por eso, aquí hay gato encerrado. ¿Cómo había tanto dinero en esa sucursal? ¿La bóveda de esa agencia tenía la capacidad como para almacenar esos montos? ¿Esos recursos no eran transportados de la bóveda central del banco? Ante tantas interrogantes, ya circulan versiones que deben ser investigadas respecto de cómo realmente fue sustraído ese dinero. Esas versiones señalan que no se pueden retirar 36,7 millones de bolivianos sin que haya operado una red de informantes y cómplices de ejecutivos del banco y autoridades de Gobierno. La gerente general de la institución, Marcia Villarroel, no ha presentado su renuncia, aunque ello es usual en las entidades estatales.

El funcionario Juan Pari, de Batallas, sigue siendo el principal acusado, pero altos funcionarios del banco, de la ASFI y del Ministerio de Economía no han sido investigados. Como en otros casos, los choferes y mensajeros son sancionados y no los altos mandos que son responsables, aunque sea por omisión.

Aunque el actual ministro de Economía, Mario Guillén, contradijo la versión de su exjefe y negó que la cifra robada fuese insignificante, no se ha recibido explicaciones convincentes sobre tantas interrogantes obvias. Pari como personaje calza a la perfección con el escándalo que se ha generado, especialmente porque, como en su momento fue Gabriela Zapata, representa el paroxismo del nuevo rico obnubilado y ostentoso, que lejos de ocultar el delito que comete, lo exalta con grandilocuencia… Pero este tipo de desfalcos no se orquestan con un personaje así únicamente, y es momento de que las autoridades financieras dejen de mostrar hermetismo y expliquen cómo se envían remesas de esta magnitud a lugares como Batallas (17.000 almas como población), cómo los movimientos tan grandes de dinero no se registran y otros detalles que no deben quedar sujetos a la especulación.

EL DEBER editorial








 

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