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    Cochabamba, 21 de Noviembre de 2018
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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Mar para Bolivia
Estoico autoengaño sobre el mar


[2018-03-04]
WALDO RONALD TORRES ARMAS

Delimitada la controversia por la CIJ, el caso gira hoy en torno a identificar o descartar la existencia de un “momento histórico” en el que Chile habría quedado comprometido a negociar una salida soberana al mar. Este será el principal eje que marcará las alegaciones orales del juicio.

Las preguntas formuladas por los Jueces de La Haya establecen el verdadero objeto de la controversia. A la pregunta referida a ¿cuándo se concluyó un acuerdo? Bolivia tiene cómo demostrar varios momentos históricos en los que se generó esa obligación. La delegación boliviana no lo hizo con claridad cuando tuvo la oportunidad en los alegatos orales previos, por eso el juez Greenwood realizó la consulta a Bolivia: “¿En qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano?”. Bolivia debe enfatizar especialmente el acuerdo formal resultado de la negociación de Charaña entre 1975 y 1976 reconocido y admitido por Chile y conducidas por los Presidentes de ambos países para otorgar a Bolivia un corredor soberano al océano Pacífico por el norte de Arica, a cambio de un canje territorial que, paradójicamente, no fue frustrado por Chile sino por Perú, cuando propuso una zona de soberanía compartida y que Bolivia rechazó.

El país tiene, además, numerosos documentos y manifestaciones unilaterales que hizo Chile en pos de resolver el problema marítimo boliviano (1921, 1926 y 1961), que se suman a varios compromisos bilaterales (1920, 1923, 1950 y 1975) y multilaterales (1974 y 1983), que si bien no son obligaciones convencionales como las que emanan de un tratado, fueron manifestaciones de buena fe por parte de Chile. Bolivia detalló los diversos momentos en que, tanto antes como después de 1948, fecha de del Pacto de Bogotá, se iniciaron y desarrollaron negociaciones y acuerdos entre gobiernos, todos en representación de la soberanía estatal respectiva. No obstante, como todo Tratado puede modificarse solo con la intervención de ambas partes, ninguno de los acuerdos ni compromisos concluyó. Pero no se necesita concluirlos para crear derechos. Bolivia se apoyó en lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en que toda manifestación de voluntad, acuerdo o compromiso genera obligaciones para quien las formula. Omitió referirse sin embargo, a la existencia de jurisprudencia de la propia Corte de que los simples indicios o principios de evidencia, los llamados “acuerdos tácitos” entre Estados, son fuente reconocida de Derecho Internacional, como cuando resolvió los litigios entre Colombia y Nicaragua y entre Chile y Perú.

Negociar crea implícitamente una promesa de conclusión del acuerdo. Los compromisos crean jurisdicción, y estos son los motivos precisamente, por los que Bolivia debe pedir que Chile cumpla el principio de “Pactum de contrahendo”; esto es, su obligación de negociar hasta concluir con el resultado predeterminado de permitir una salida soberana al océano Pacífico.

Con respecto a la pregunta ¿Qué significa acceso soberano al mar? Soberanía significa la posesión y dominio bajo el principio “tierra domina el mar” que ejerce un Estado sobre un territorio, con independencia de otros y dentro de cuyos límites rige una legislación propia. Bolivia no pide expresamente la revisión del Tratado de 1904, y así lo ha entendido la Corte; pero, la esencia de la demanda desafía ese documento, contesta su contenido, y obligaría a alterar los límites que establece, única forma de obtener soberanía.

La Corte no se ampara únicamente en el derecho como lo concibe Chile. El Derecho Internacional no solo juzga hechos jurídicos constituidos, es decir consagrados en el Derecho Internacional, sino también los actos unilaterales de los Estados que hoy son fuente reconocida del Derecho Internacional más los actos, compromisos y declaraciones “bilaterales” a los cuales se los considera vinculantes. La Corte toma en cuenta criterios de “equidad” y sus deliberaciones se basan también en consideraciones políticas. Si aprecia que Bolivia presenta una situación inequitativa de enclaustramiento, la Corte resolverá la controversia en consecuencia. Dependerá de la rigurosidad jurídica y solidez de la argumentación nacional.

Chile, en su Contramemoria, niega consentimiento respecto a su obligatoriedad con Bolivia, dice que los ofrecimientos de darnos una salida soberana al mar no son fuente de derecho ni menos una obligación, porque “ninguno de ellos fue ratificado ni mucho menos entró en vigor y que el Gobierno de Bolivia confunde una aspiración con un derecho. Argumenta además, que la demanda no es sobre si Bolivia tiene o no un derecho de acceso soberano al mar, sino que se trata sobre si existe o no una obligación contraída por Chile para negociar un acceso soberano al mar y si Chile ha incumplido esta obligación. Insiste en que Bolivia pide en forma encubierta la alteración de los límites fronterizos establecidos, amenazando a la estabilidad de su frontera con Perú; se ampara en principios esenciales del derecho internacional como la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras. Procura demostrar al Tribunal, que Chile siempre ha estado abierto al diálogo y que si bien las negociaciones entre ambos países han existido, siempre han fracasado por culpa de Bolivia. Reitera que Bolivia goza del más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico.

En Chile saben anteladamente que la Corte de La Haya acogerá buena parte de la demanda boliviana y que finalmente sentara a Chile a negociar "en serio" con el país. Pero, ¿será realmente un triunfo? Aun con un fallo enteramente favorable, la Corte no “entregará” soberanía a Bolivia y nuestra pretensión quedará reducida a seguir negociando, lo que dependería de la voluntad de Chile, mientras sea más fuerte.

La Corte ya adelantó un juicio categórico al decir “no le corresponde predeterminar” el resultado de una eventual negociación por una salida soberana al Océano Pacífico”. Por lo tanto, como la CIJ ha “enfatizado” que la utilización en el juicio de los conceptos “acceso soberano” y “negociar acceso soberano” no deberían entenderse como una manifestación del Tribunal sobre la “existencia, naturaleza o contenido de una obligación por parte de Chile para negociar, por lo que no será la Corte la que predetermine el resultado sobre cualquier negociación que pudiera tener lugar como consecuencia de dicha “obligación”, cuya forma, alcance y plazo para alcanzar soberanía es algo que tienen que negociar los dos países. Esto significa que aquella eventual negociación con pretensión soberana seguirá dependiendo de Chile.

¿Y después de La Haya qué? Aun si la demanda tuviere un fallo positivo final que obligue a Chile a ceder soberanía, este sería sometido al único titular de la soberanía chilena: el pueblo, pues ningún gobierno chileno tiene ==============ius imperium============== y no se arriesgará a decidir solo. El interrogante estratégico es: Si un hipotético referéndum chileno al respecto lo aprobara, ¿aceptaría el pueblo boliviano las condiciones y compensaciones que exigirá? Y si lo rechazara ¿podrá el Consejo de Seguridad la ONU obligar a Chile a entregarnos una salida “soberana” al mar? Recordemos que existen numerosos países que no han acatado los fallos de la Corte, porque saben que el Consejo de Seguridad tiene mecanismos de presión, pero no de coacción.

¿Se equivocó el Gobierno con la demanda ante la CIJ? Si alega que Chile incumple el Tratado de 1904 ¿por qué no demandó directamente la aplicación del Tratado de Arbitraje Complementario de 1907 que establece mecanismos de resolución de conflictos provenientes del Tratado de 1904? Entendiendo que la demanda boliviana apela a los actos unilaterales post 1904 y con la evidencia del incumplimiento, la vía debería ser la que establece el derecho de recurrir a la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya de conformidad con el artículo XII del Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre 1904 y el Protocolo de 16 de abril de 1907. El error fue saltarse el propio Tratado, pues los diferendos que surjan en torno a él están sometidos a un arbitraje.

Por otra parte, Bolivia prescinde del Perú en la solución del conflicto porque presupone que aceptará lo que decidan Chile y Bolivia. Confía en que el Perú no será un obstáculo a la aspiración de salida al mar de Bolivia, pero se equivoca, pues los hechos y la realidad geopolítica informan que no tendrá, necesariamente, una opinión favorable si Chile acuerda ceder territorio que antes fue peruano.

Si la salida soberana de Bolivia se negociara por Arica, alteraría los límites peruano-chilenos consagrados en el Tratado de 1929, modificaría también los límites establecidos en el tratado de 1904 y los límites marítimos definidos en la sentencia de la CIJ del 2012. Ante la hipótesis de que Chile y Bolivia lleguen, antes o después de la sentencia de La Haya, a diseñar un corredor por Arica, al no haber quedado definida la soberanía chilena-peruana con la resolución de su litigio en La Haya sobre el “triángulo terrestre”, la línea marítima “quebrada” establecida por la Corte frente a las costas de Perú y Chile hace que una salida al mar para Bolivia por esa zona se convierta en una idea tan complicada, que es difícil siquiera imaginarla. Forzar la cesión de un corredor soberano entre Arica y Tacna pondría fin a su vecindad y arruinaría la profunda integración económica y social que hoy les beneficia. Tacna y Arica constituyen ya una unidad geoeconómica que en los últimos años han acentuado su interconexión. Esa dinámica, tan difícilmente lograda ¿se pondría en riesgo por satisfacer la necesidad de un tercer Estado en la zona? Dejar de tener frontera común no es algo que les convenga por motivos que van desde lo geopolítico hasta lo comercial. Luego, sería irónico que Bolivia recuperara territorio perdido en la guerra del Pacífico y el Perú no.

Si la hipótesis del corredor con soberanía acordada es a través de la actual frontera entre Chile y Perú ¿por qué no se trilateraliza la solución? ¿Por qué se prescinde del Perú? ¿Por qué presionamos a Chile a que unilateralmente ignore el Tratado de 1929? Aun si el Perú tuviera que admitir y aceptar la cesión de un territorio que antes fue peruano, Bolivia haría bien en involucrarlo ya que tarde o temprano tendrá voz en este asunto. Como nunca se consultó al Perú si quiere un corredor para Bolivia en su frontera, debemos estar preparados para que vuelva a empantanar las perspectivas de una solución. Perú nos cedió el “despreciado” puerto de Ilo, y ahí termina su solidaridad. Además, un corredor al mar a través de territorios que pertenecieron al Perú podría motivar el pedido de una compensación a Bolivia.

Morales y la Cancillería no comprenden que el fallo del litigio chileno-peruano afectó las pretensiones de Bolivia para salir por Arica y que Perú construyó paciente y delicadamente el caso de la delimitación marítima con Chile no tanto para ganar soberanía oceánica, sino para bloquear de una manera casi definitiva la posibilidad de un corredor territorial al norte de Arica.

Como el gobierno prefirió pedir a Chile prolongar el diálogo de sordos, existe la opción de que una eventual negociación no finalice satisfactoriamente para el país. Bolivia tiene muy poco que ganar en lo esencial, lo único que hemos logrado es iniciar el proceso en La Haya en un contexto de euforia estéril. Así parece que recién lo entienden, pues el gobierno está ahora empeñado en sentar a Chile en la mesa de negociaciones antes de conocerse el fallo final, sin darse cuenta de que muestran debilidad argumental y hacen una cesión de voluntad en favor de Chile.

Este proceso caro hace prever que terminaremos donde comenzamos. No se trata de ser traidor a la causa sino realista ante los hechos. Quien piensa que la reivindicación está por venir de la mano “amiga” de la CIJ, vive en una ficción. La Corte deberá pronunciarse y conoceremos un veredicto que, guste o no, será profundamente político. El derecho lo es en esencia. Aun con un fallo favorable, sin el consentimiento de Chile, no tendremos jamás soberanía marítima. Las reivindicaciones territoriales históricas no se imponen jurídicamente, se provocan o se negocian políticamente de Estado a Estado o, en última instancia, mediante las armas.

Es urgente abordar el problema desde otras perspectivas.

Primero: Las posibilidades de lograr el objetivo pasa por enfatizar en la internacionalización del conflicto, para esto se requiere voluntad política de algunos de los países que pesan en los órganos de decisión mundial. Lamentablemente hoy no tenemos aliados en el Consejo de Seguridad de la ONU por el aislamiento internacional del Gobierno. Queda la opción de invocar la solidaridad internacional en todo ámbito multilateral; el objetivo es forzar la mediación internacional para resolver “el contencioso” presionando a Chile con efecto demoledor.

Segundo: Ganar la batalla de la opinión pública internacional. Hay que atraer la simpatía mediática y en las redes hacia la causa especialmente de los medios extranjeros poniendo en marcha una oficina estratégica para internacionalizar el proceso reivindicacionista.

Tercero: Ante el incumplimiento por parte de los Estados miembros del articulo N°. 2 de la Carta de la OEA y de la Resolución de 1979 de este mismo organismo, que multilateraliza el asunto, debería provocar la “Denuncia de la Carta de la OEA” por parte de Bolivia, como precedente de la indolencia internacional frente a un conflicto que amenaza la paz regional. Como las resoluciones de la OEA no son vinculantes, es incapaz de hacer cumplir sus propias resoluciones y menos aún nos defenderá en “casus belli”. La OEA es puro poema burocrático internacional, pero nuestra salida causaría un impacto internacional necesario para forzar una solución.

Cuarto: Apelar a la “buena voluntad” de los pueblos de Chile y del Perú. Para esto necesitamos lobby que llegue al corazón de los chilenos y peruanos. Informar a la CIJ, al mundo y a los propios chilenos y peruanos, que Chile logró el financiamiento de su progreso gracias a la explotación del guano y salitre, más la explotación del cobre de Chuquicamata, mina ubicada en territorio expoliado, de la que solo durante la gestión 2012 lograron obtener 42.000 millones de dólares, y que estas solas consideraciones justifican nuestra reivindicación marítima. Hay que ser conscientes de que, ni en la hipótesis más optimista, un acuerdo político puede ser eficaz si no se incide sobre la opinión pública de Chile y Perú.

Quinto: Ante la admisión y el proceso de la demanda por parte de un organismo internacional como es la CIJ y conociendo de que Chile está obligado a negociar un acuerdo previo con el Perú, que hace imprescindible la participación peruana en una eventual solución, queda destruida la tesis chilena de que el problema marítimo boliviano es bilateral.

Sexto: Participar en todo proceso de integración regional y subregional, como mecanismos comerciales pero también de presión política y de diálogo.

Séptimo: Involucrar al Perú. Si el objetivo real de la demanda está en Arica, mucho alegato podría ahorrarse si los tres países actuaran con transparencia admitiendo y permitiendo una solución.

Octavo: Ante la complejidad de la solución vía Arica, ¿no debería centrarse nuestro esfuerzo en negociar un enclave sobre territorio que fue boliviano? ¿Remoto? No, si somos creativos. No se requiere consultar a Perú si por ejemplo el enclave estaría en el área de Mejillones, tampoco se rompería la continuación geográfica de Chile si se delimitan los corredores aéreos y si la carretera y línea férrea requeridos por Bolivia para acceder al Pacífico son construidos allí donde se crucen, sobre pasos a nivel sobre las carreteras chilenas.

Pero, en la perspectiva del futuro ¿qué sentido tiene continuar con el trauma psíquico? Si los gobiernos chilenos dicen que “nunca” negociarán con Bolivia una solución que suponga la cesión de soberanía o que parta su territorio, de nada sirve exponer nuestras sólidas razones de derecho histórico ante un tribunal internacional que ratificará la necesidad de diálogo en aras de solucionar, vía bilateralismo ficticio, un conflicto que terminará dentro del marco del trilateralismo.

Bolivia debe terminar con su estoico autoengaño, tiene que elegir entre continuar con el diálogo infructuoso o ser pragmática. ¿Tiene algún sentido el esfuerzo y el tiempo que demandará una hipotética negociación para obtener algo que ya tenemos en IIo, y sin condicionamientos ni compensaciones? ¿Para qué perder más tiempo?

Tomemos lo que tenemos a mano. Sin que signifique renunciar a nuestro derecho histórico a la reintegración marítima vía territorio chileno, el Perú nos tiende el puente para acabar con la pobreza y la barbarización. En lugar de invertir en la construcción de un puerto propio en Chile, al que estaríamos obligados ¿por qué no lo edificamos en Ilo? ¿Por qué no concretamos Puerto Busch? ¿Por qué no construimos el ferrocarril en trocha ancha entre Puerto Suárez y Guaqui? Esas son las prioridades de una real política de Estado, su importancia geopolítica para nuestro desarrollo económico social no deja dudas.

Abogado Constitucionalista Torresarmas1@hotmail








 

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