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    Cochabamba, 22 de Septiembre de 2018
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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Mar para Bolivia
Por un puerto soberano


[2018-03-21]
CATALEJO

Para cualquier país tener un puerto soberano es un asunto vital, más aún ahora, cuando el abaratamiento del transporte marítimo, la liberalización del comercio y el desarrollo tecnológico facilitan la división del trabajo hasta el extremo de que los componentes de los bienes más avanzados son producidos en cualquier parte del mundo.

En efecto, según demostraron Faye et al. (Development Journal 2004), los costos adicionales a que deben hacer frente los países mediterráneos dependen no solamente de la mayor distancia que deben recorrer sus exportaciones e importaciones sino también del estado de las infraestructuras en los países donde están los puertos que deben utilizar, de las buenas (o malas) relaciones con estos países y de la situación política y las prácticas administrativas en estos últimos.

La actual situación de Bolivia respecto a Chile ilustra con claridad estas conclusiones: 1) sobre infraestructuras, basta observar el mal estado en que se encuentra, desde hace años, la carretera a Arica en la parte chilena más próxima a Bolivia; 2) sobre estado de las relaciones, el intercambio de agresiones verbales que se viene dando desde hace años; 3) sobre situación política, la diferencia entre el acercamiento de los socialistas Lagos y Bachelet (2000-2010) y el posterior silencio del derechista Piñera (2010-2014), y 4) sobre prácticas administrativas, la inconsulta privatización de los puertos de Arica e Iquique.

El estudio mencionado –en el que participó el prestigioso economista Jeffrey Sachs– permitió calcular que, para Bolivia, el perjuicio económico de no contar con un puerto soberano representaba una reducción de su producto, a lo largo de los años, de dos puntos porcentuales. Es posible que actualmente este impacto negativo haya aumentado debido a una mayor incidencia de los factores identificados.

Pero este obstáculo no es estructural: puede resolverse a través de la negociación.

Hubo un momento en que las relaciones entre Chile y Bolivia fueron excelentes, cuando, después de apoyarlos en la Guerra Hispano-Sudamericana (1864-1866), pudimos ponernos de acuerdo en definir la frontera en el paralelo 24, al sur de Antofagasta. Pero después, quienes en Chile se habían opuesto a ello, aprovecharon que Hilarión Daza violó el Tratado de 1874 para tomar el Litoral.

Sin embargo, incluso entonces, Domingo Santa María –presidente del vecino país entre 1881 y 1886– afirmaba: “no podemos ahogar a Bolivia. Privada de Antofagasta y de todo el litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle que le permita entrar al interior sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia” (Maira L. 2004).

En 12 oportunidades Chile ofreció resolver el problema (Guzmán A. 2015). Las más importantes se dieron en 1950, a cambio de aguas, y en 1975, con compensación territorial. En 1950 el canciller chileno Horacio Walker ofreció “hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial”. Se trataría de un corredor desde la frontera hasta el Pacífico a cambio de aguas provenientes de los lagos Titicaca, Poopó y Coipasa. Las obras serían financiadas por Estados Unidos (administración Truman, 140 millones de dólares de ese entonces).

Y en 1975 Chile ofreció “la cesión a Bolivia de una costa marítima soberana unida al territorio boliviano por una faja territorial igualmente soberana”, siendo el “límite norte el actual límite de Chile con Perú”, en un trueque equivalente de territorios. Y Perú aceptó con la condición de que se mantenga la continuidad territorial entre Tacna y Arica creando al final del corredor “un área territorial bajo soberanía compartida”.

Por cierto, actualmente la objeción de Perú podría ser fácilmente resuelta haciendo un túnel al final del corredor, que además nos permitiría construir una isla puerto, siguiendo en esto último una iniciativa que vino de Chile (Castillo Velasco et al. 2009: Túnel de la Concordia).

Debemos reconocer que aquellas negociaciones no culminaron no solamente porque surgieron posiciones contrarias afuera sino porque también las hubo en nuestro país. Lo menos que dictaminará el Tribunal de La Haya será que Bolivia y Chile dialoguemos hasta encontrar una solución. Para llegar a buen puerto es indispensable estar unidos en esto más allá de la política coyuntural y recuperar las buenas relaciones con nuestro vecino.

Iván Finot es MSc. en economía y especialista en desarrollo.








 

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