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Personaje
La operación "Lava Jato"


[2016-08-19]
El nuevo rumbo político en el que se embarcó Brasil parece tener ya camino expedito y una meta definida, desde el momento en que el Senado, que actúa como tribunal, determinó por mayoría absoluta de votos proceder con la última fase del juicio político dirigido a la destitución de Dilma Rousseff. Efectivamente, el tramo definitivo del proceso comenzará el próximo 25 de agosto y se prevé que durará entre tres y cinco días, al cabo de los cuales el Senado tomará una decisión definitiva sobre la suerte de la presidenta suspendida. Los analistas consideran que Rousseff será despojada del poder ya que existen más de los 54 votos (dos tercios) necesarios para aprobar la decisión. De darse esta situación, el mandato vigente de la gestión presidencial se completará hasta el 1º de enero de 2019 a cargo de Michel Temer, quien como vicepresidente ejerce la Presidencia interinamente desde la suspensión de la mandataria. La votación del Senado para completar el proceso demostró que el Congreso ya tiene una convicción a la luz de los argumentos y pruebas que incriminan a Rousseff. Como un último recurso para frenar el juicio político (impeachment) la mandataria procesada envió una carta "al Senado y al Pueblo Brasileño" pidiendo a los parlamentarios que ofician de jueces que anulen el juicio. Prometió que si retorna a la jefatura de Estado, convocará a un inmediato plebiscito que habilite las elecciones anticipadas en el país. En criterio de dirigentes políticos brasileños, analistas y jurisconsultos, la propuesta es tardía y sin bases legales. Según Marco Antonio Teixeira, miembro de la prestigiosa Fundación Getulio Vargas, "es prácticamente nula la posibilidad de convocar a un referéndum y a comicios adelantados". En todo caso, la posición de la mandataria suspendida parece agravarse, ya que dos jueces del Supremo Tribunal Federal comenzaron a investigar a Dilma Rousseff, y a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, por una denuncia sobre obstrucción de la justicia para impedir el avance de la llamada "Operación Lava Jato". La decisión fue tomada por el juez Teori Zavaski en virtud de la delación hecha por el detenido ex senador Delcidio Amaral, ex líder del Partido de los Trabajadores. También serán investigados varias ex autoridades de los gobiernos de Lula y Dilma. En su declaración, Amaral había acusado a Rousseff de haber conversado con los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) -una tercera instancia del sistema jurídico que está por debajo del Supremo Tribunal Federal- para permitir la liberación de detenidos en la Operación Lava Jato, entre ellos Marcelo Odebrecht. Se trata de una investigación que destapó una red de corrupción en la estatal brasileña Petrobras, así como una serie de derivaciones de problemas financieros y políticos. Fue conocida en 2014, pero expertos estiman que las actividades delictivas se desarrollaron durante diez años. Lava Jato (lavadero de autos) es una de las mayores investigaciones de corrupción. La trama consistía en que empresas sobornaban a altos funcionarios de Petrobras y otros cargos públicos para conseguir contratos "sobre facturados" multimillonarios con la petrolera estatal. El capital era obtenido por los beneficiarios por medio de operadores financieros, entre los que figuran políticos, que colaboraban con el esquema de corrupción. Por Lava Jato se encuentran detenidos decenas de altos ejecutivos de empresas constructoras y se estima que entre 2004 y 2012, el dinero desviado asciende a 8 mil millones de dólares. La apertura de esta causa ocurre cuando el Senado brasileño estima dar el veredicto final entre el 25 y el 30 de este mes, en el juicio político por supuestos delitos contables en el presupuesto 2015 del gobierno de Rousseff, que en sus defensa, alega que se trata de un "golpe de Estado" por parte de su vicepresidente, Temer, y la antigua oposición que forma parte del gobierno interino. Jornadanet.com editorial








 

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