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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Personaje
El Alto: El peligro de jugar con fuego


[2016-10-19]
Las autoridades del Gobierno central debieran cambiar la actitud sectaria que muestran y ayudar a que se recupere el orden institucional y democrático en esa ciudad. Y no sólo porque ese es su deber. También en su propio resguardo

Los dirigentes vecinales, de padres de familia y obrero-gremiales que están conduciendo la campaña en contra de la Alcaldesa de El Alto y que lo hacen, al menos por sus antecedentes y declaraciones, sintiéndose apoyados por las autoridades de Gobierno, están creando las condiciones para que en esa ciudad se produzcan nuevas jornadas de violencia y un caos institucional que, si se desata, será muy difícil controlar.

Más allá de la retórica ideológica —que ha ido cambiando en función a la pugna político-partidaria nacional—, en esa ciudad se han creado importantes grupos de poder que se han beneficiado de las prebendas que una institución como la Alcaldía puede otorgar. Tiene capacidad de organización y han sabido dominar los distritos en que está organizada la ciudad, convirtiéndose en virtuales señores feudales que aplican la estrategia del garrote (desde escarnio público hasta cobro de dinero) y zanahoria (obtención de servicios) para doblegar la voluntad de los vecinos.

Sin embargo, la ciudadanía alteña, cuando ha podido expresarse libremente, como ha sucedido en las últimas elecciones regionales, han actuado en contra de esos grupos, como demuestran la elección de la Alcaldesa y el importante aporte electoral que dio a la elección del nuevo Gobernador del Departamento, actitud que descolocó a estos dirigentes y, especialmente, a las autoridades del Gobierno central que creían tener asegurada esa plaza.

Es necesario recordar que, desde el mismo día en que se conoció el resultado electoral, estos dirigentes comenzaron a plantar pelea a la Alcaldesa exigiendo, de partida, que ésta ratifique a todas las autoridades nombradas bajo su auspicio y recomendación, particularmente los subalcaldes de los distritos.

Obviamente, la nueva autoridad no aceptó estas presiones lo que ha sido interpretado por los dirigentes como una declaratoria de guerra, cuya primera batalla violenta se dio cuando trataron de incendiar las instalaciones de la Alcaldía, provocando la muerte de cuatro funcionarios, ante la mirada cuasi cómplice de la Policía y el incentivo de algunas autoridades del Gobierno, como se vio en varias filmaciones.

Octubre se constituye en una segunda batalla, que comenzó con exigencias poco factibles de atender y un bloqueo generalizado. Felizmente, la oportuna mediación del Obispo de El Alto, que logró establecer una mesa de diálogo, evitó nuevas jornadas de violencia, mientras las autoridades de Gobierno atizaban la confrontación mediante duras críticas a la Alcaldesa.

En ese escenario, las autoridades del Gobierno central debieran cambiar la actitud sectaria que muestran y ayudar a que se recupere el orden institucional y democrático en esa ciudad, más aún en circunstancias en que, como ellas mismas reconocen, su propia futura viabilidad pasa por sortear un nuevo tiempo económico y político que se les muestra poco favorable. Es más, debieran convencerse de que esos grupos corporativos podrían ir en su contra como ahora lo están en contra de la Alcaldesa si no atienden sus crecientes demandas de poder y dinero.

Es decir, las autoridades debieran comprender que al permitir por acción u omisión movilizaciones como la que se comenta, están jugando con fuego y todos se pueden quemar.

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