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Personaje
TAM una empresa rebelde y contumaz


[2017-02-06]
Las investigaciones a las que está siendo sometido el Estado boliviano aumentan la gravedad del caso TAM pues ponen en el centro de la atención de organismos internacionales la ligereza con que en Bolivia se incumplen las normas

La noticia según la cual el gerente de Transporte Aéreo Militar (TAM), Julio César Villarroel, se compromete a cubrir todos los requisitos para obtener su Certificado de Operador Aéreo en el nuevo plazo que le ha sido concedido a esa empresa militar, podría dar lugar a cierta esperanza en la posibilidad de que, ahora sí, se ponga fin a casi 10 años de continuas dilaciones.

Es de esperar que así sea. Lamentablemente, dados los antecedentes del caso, la palabra del funcionario militar no resulta suficiente. Es que venimos oyendo compromisos muy similares desde hace demasiado tiempo sin que haya algún hecho concreto que los respalde.

En efecto, el solo hecho de que una empresa se niegue con indisimulada contumacia a someterse a las leyes vigentes es de una gravedad que con ningún argumento puede justificarse. Y no basta el compromiso de que ahora será diferente, pues esa declaración de buenas intenciones no viene acompañada de actos que le den alguna verosimilitud. Mientras nada se haga para despejar las dudas sobre los manejos plasmados en millonarias defraudaciones encubiertas bajo un denso manto de impunidad, ninguna declaración será suficiente.

Es que, como es fácil recordar, los antecedentes del caso se remontan a 2008, que es desde cuando el Servicio de Impuestos Nacional (SIN) intenta vanamente hacer efectivo el cobro de una deuda que el TAM mantiene pendiente por concepto de impuestos evadidos y acumulados durante los últimos años. El monto adeudado ya ha superado los 70 millones de bolivianos, a pesar de lo que el SIN no ha logrado aplicar las medidas las coactivas como el “gravamen de bienes” y “la retención de fondos”, anunciadas en reiteradas oportunidades por el Ministro de Economía y Finanzas.

A la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) no le ha ido mejor, pues sus advertencias sobre su intención de cumplir sus obligaciones y poner algún límite a la rebeldía del TAM han sido hasta ahora desoídas por los altos mandos militares con el mismo desdén.

Más grave aún es el caso de la manera como es desafiada la autoridad de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y, por consiguiente, del Ministerio de Obras Públicas. Y lo es porque además de poner en ridículo al Ministro, cuyas órdenes son franca y abiertamente desacatadas, ponen a nuestro país, y no sólo al actual Gobierno, ante una muy peligrosa situación frente a los organismos internacionales encargados de regular la actividad aeronáutica a escala mundial.

Ese es un asunto que da al caso TAM una dimensión mucho mayor pues, como es bien sabido, el accidente sufrido el pasado noviembre por la empresa LaMia ha puesto al Estado boliviano —especialmente a sus reparticiones encargadas de regular la actividad aeronáutica— en el centro de la atención internacional. Las primeras investigaciones han puesto en duda el rigor y la eficiencia con que en Bolivia se aplican normas internacionales sobre la materia y las relaciones entre la FAB y la empresa LaMia son objeto de especial atención.

Con esos antecedentes, lo menos que puede exigirse a las autoridades gubernamentales es que den una señal de seriedad y pongan de una vez orden en tan delicado asunto.

LOS TIEMPOS editorial








 

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