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    Cochabamba, 17 de Noviembre de 2018
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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Personaje
Implacable genocidio


[2017-02-14]
Genocidio implica el acto deliberado de querer exterminar pueblos, grupos sociales, étnicos o religiosos. Pueden darse genocidios indirectos por ineficiencia o por el hecho de no hacer nada, aun sabiendo de que algo terrible pasará. En Bolivia cuando se habla de genocidio solo se trata de temas políticos. Y cuando se presentan actos realmente genocidas no se hace nada o se los ignora.

Estamos ante algo incontrastable: el genocidio más terrible que se produce actualmente en el país lo provocan los incesantes accidentes de tránsito. Y vale recalcar lo de genocidio. Pareciera que –aunque sea por indiferencia– se quiere que los usuarios de transporte público y de ‘flotas’ pierdan la vida sistemáticamente.

Recién comenzando el año 2017 las cifras de muertos o heridos son grandes y crecen cada semana. Bolivia es uno de los países del mundo donde en proporción a su población muere más gente en rutas, calles o caminos, estos para colmo generalmente de pésima calidad. Varios factores concurren en el indirecto genocidio: construcción deficiente de vías, mala señalización, ausencia o falta de decisiones de autoridades gubernamentales, inadecuado control policial de conductores y vehículos, una policía caminera que solo existe de nombre, conductores drogados o ebrios, a los que tampoco se controla, etc. En el país, unas minorías privilegiadas se transportan por vía aérea, mientras la inmensa mayoría del pueblo lo hace por tierra; el pasaje en avión es caro y fuera del bolsillo de los que menos tienen. Cabe preguntarse por qué –en medio de tanta fiebre estatista y populista– el MAS no creó en su momento una empresa estatal de transporte terrestre de primera calidad que garantice seguridad y eficiencia. Eso hubiera sido servir al pueblo, como le gusta repetir al oficialismo, aunque en variados casos no hace realidad dicha expresión.

Mientras no exista un mínimo de orden en el sector, el genocidio caminero proseguirá su macabro curso. Sumemos el caos del transporte urbano, también plagado de fallas y regulaciones que nadie cumple. En fin, muchos funcionarios deberán ser retirados de cargos en los que demostraron ser culpables –por omisión, incapacidad e ineficacia– de la muerte de indefensos pasajeros. El Gobierno tiene la obligación de evitar la continuidad de esas tragedias. Urgen medidas drásticas y efectivas para poder aminorar la escalada de muertes por accidentes de tránsito EL DEBER EDITORIAL








 

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