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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Personaje
Tropezar dos veces con la misma piedra


[2017-05-04]
El régimen de Evo Morales ha excluido sin atenuantes a la oposición política en Bolivia, desde que obtuvo mayoría en el Congreso de la Nación, hoy Asamblea Plurinacional.

La oposición, que no es homogénea, pero si defiende principios básicos de democracia liberal, libertad económica, Derechos Humanos, libertad de pensamiento, está en las antípodas de la ideología y la práctica política de Morales y los suyos. Su exclusión en temas de política interna y externa ha llevado al máximo el antagonismo político para convertir al adversario, hoy minoría, en enemigo político al que hay que destruir, o “robarle el alma” diría el ‘Vice’ García Linera. El medio que han utilizado en 11 años de ejercicio político autoritario, por demás venal, es el poder judicial a través de la “judicialización de la política”, en detrimento de la representación política plural, más allá de los cuestionamientos que arrastra.

Se trata de una violencia simbólica sin paliativos pues han eliminado la independencia de poderes que deja a la sociedad indefensa frente a los abusos del poder. Es una violencia contra los Derechos Humanos y Civiles, sin opción de juicios justos para las víctimas, algunas asesinadas, otras con detenciones arbitrarias ‘sine die’. Hay autoridades electas democráticamente acorraladas con juicios para sacarlas del escenario político. Así hicieron con candidatos a elecciones departamentales en Beni, en 2015, a quienes borraron del mapa electoral, violando su derecho a ser elegidos y el derecho a elegir, amén de otras víctimas civiles, líderes y dirigentes políticos actuales, de anteriores gobiernos y otros, definidos como ‘enemigos’ solo por pensar diferente.

Si bien la oposición ha sido excluida de las funciones del gobierno central y de la administración del aparto del Estado, no lo ha sido “de la pertenencia a la colectividad, al pueblo... lo que viene acompañado por el derecho de la minoría a dejar de serlo en algún momento y convertirse en mayoría”, como apunta el filósofo Daniel Innerarity. La mejor prueba es el NO que la población le asestó al régimen en el Referéndum del 21 de febrero de 2016. Esa elección pretendía modificar la Constitución Política del Estado para que la dupla Morales-García Linera sea reelecta por cuarta vez consecutiva en 2019. Aunque nos estafaron cerca de 160. 000 votos, ganó el espíritu democrático de alternancia en el ejercicio del poder.

Sin embargo, en desconocimiento flagrante a esa voluntad popular, el régimen insiste en su reproducción en el poder político. Y se dan ‘mañas’ proponiendo unas nuevas elecciones para conformar el poder judicial, cuestionado hoy por toda la sociedad, incluidos los propios oficialistas. El objetivo es lograr su permanencia en el poder, seguir medrando de él y espantar por el mayor tiempo posible eventuales juicios por las violaciones a los Derechos Humanos y por los desfalcos a las arcas del Estado durante los años de la bonanza económica.

El régimen que vive de sus propias mentiras, parece ignorar que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. De ahí que ha montado la puesta en escena unas elecciones, casi idénticas a las anteriores de 2011, cuyo resultado fue 64 % de voto nulo. Entonces, “la minoría política se convirtió en mayoría electoral”, aunque los candidatos habían sido ya elegidos por los 2/3 Asamblea Legislativa oficialista sin tomar en cuenta méritos académicos, solo la obsecuente militancia en el partido de Morales. El régimen pretendía que avalemos su preselección en el Legislativo, pero la sociedad boliviana votó nulo, dando carácter de ilegalidad a dicha compulsa. Haciendo caso omiso del resultado, designó a los miembros de los cinco órganos del actual poder Judicial, con resultados más que deplorables.

Sin embargo, las variantes introducidas para las nuevas elecciones programadas en octubre de 2017, no van al fondo de la cuestión que es respetar y precautelar la independencia de un poder cuya calidad y eficiencia institucional debe velar por la idoneidad profesional, otorgar confianza y credibilidad jurídicas en la administración de justicia, de la “res pública” y del Estado, sin compromisos políticos partidarios.

Es un absurdo populista creer que esta elección, con millonario gasto público, vaya a solucionar las falencias acumuladas, por mucho que en las próximas elecciones haya una comisión de autoridades universitarias que acredite a los candidatos. Sin desmerecer a nadie, la comisión estará formada solo por las universidades públicas que reciben recursos del gobierno central. Pese a ello, esperamos que tengan independencia de juicio. Dicha comisión, enviará sus resultados a la Asamblea y es esta, en última instancia, quien preselecciona a los candidatos que el electorado tendrá que avalar o no. Aunque hayan sido excluidos dirigentes o candidatos de partidos u organizaciones políticas, los que tengan parentesco consanguíneo con el presidente, vicepresidente y parlamentarios, la prohibición excluye a familiares de alcaldes, ministros y gobernadores.

Con o sin maquillaje, se reedita la directa injerencia del Legislativo subordinado al poder político del Ejecutivo, y se le niega a la ciudadanía el derecho a elegir entre los mejores para velar por su seguridad y libertad jurídicas. Tropezar dos veces con la misma piedra, es ser doblemente necio.

Acerca del autor:Susana-Seleme-Susana Seleme








 

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