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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Personaje
El derecho al trabajo


[2017-05-05]
Mucho se ha hablado y denunciado en los últimos días sobre un presunto nepotismo en las dependencias de los poderes del Estado, especialmente del Ejecutivo y el Legislativo, en una especie de escándalo, que preocupa a muchos ciudadanos, especialmente a aquellos que no pueden acceder a una ocupación rentada. Podemos afirmar que son las empresas, la administración pública y otras dependencias, las que prácticamente acaparan el promedio del sector con trabajo en nuestro país. Existen empleados consignados en planilla, en contratos temporales, sin derecho social alguno, denominados "en línea".

Mientras que la empresa privada se encuentra limitada de agrandar los espacios laborales, ya sea por las restricciones presupuestarias en su relación de productores, o por las obligaciones sociales que significan los incrementos salariales o el segundo aguinaldo. El nepotismo, esencialmente, es una práctica por la que parientes, ya sea hijos, esposos, primos, etc., son contratados en una misma organización estatal, lo que constituye una irregularidad por las mismas razones de dependencia familiar.

Mientras que, cuando familiares de autoridades son contratados en otros organismos dependientes de los referidos poderes, se aleja la denuncia de nepotismo. Aunque, lo debemos señalar, la influencia o el tráfico de influencias y no los exámenes o los títulos profesionales, pueden ser los canales que favorecen a familiares. Sin embargo, en Bolivia, como en cualquier latitud, el derecho al trabajo es general. No puede haber distinciones de ninguna naturaleza, menos de adherencias políticas obligatorias, como condición sine quanom para contar con ingresos dignos para la familia y los hijos.

Lo que falta en nuestro país son fuentes de trabajo. En los que el ciudadano tenga una ocupación rentada, cuente con seguridad social, con derechos a aguinaldo, y otros bonos, además de los beneficios sociales cuando un trabajador es despedido, lo que, lamentablemente, no sucede en el Estado, en el que no rige la Ley General del Trabajo. Pero deberíamos tener cuidado con las denuncias personalizadas, que muchas veces afectan a la dignidad de las personas, a las que no se considera su capacidad laboral o académica, si no el hecho de tener relación sanguínea con alguna autoridad. Los derechos son inalienables y más aún el derecho al trabajo.

Jornadanet.com editorial








 

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