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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Personaje
Esperando la norma de partidos


[2017-05-16]
La Ley de organizaciones políticas debe ser concreta, incluso como sugieren en la instancia de partidos opositores, exigiendo un mínimo de militantes debidamente registrados en un Padrón Electoral, también renovado, auditado y limpio para garantizar la condición ciudadana de los electores.

Esperando la norma de partidos

En la medida que pasa el tiempo y la renovación de partidos políticos se deja esperar, crecen las dudas sobre la futura participación ciudadana cuando se tenga que elegir representantes del pueblo a los altos cargos de gobernabilidad y administración del Estado, que cuenten mínimamente con la garantía suficiente para exponer sus ideas, consignas, programas e intereses de orden político que expresen el sentimiento de diversos conglomerados sociales.

En democracia, el juego político partidario es necesario para permitir y establecer libertad de expresión popular, en apoyo a corrientes doctrinarias que busquen justicia, equidad y libertad entre los principales elementos que cada ciudadano busca en un determinado contexto partidario.

Sobre este importante tema, de "reinventar" una norma para la vigencia de las agrupaciones políticas, de manera que se reemplacen algunas disposiciones consideradas obsoletas y se mantengan otras calificadas como insustituibles, se espera la incorporación de renovadas sugerencias que sean tomadas en cuenta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que está trabajando en ese propósito de presentar una ley de organizaciones políticas, adecuada al tiempo y espacio de la vida en democracia.

Se anticipa la realización de talleres en todos los departamentos, con objeto de abrir debates públicos entre las y los actores involucrados en la actividad política desde diferentes ópticas, pero en dirección a lograr consenso, en estructurar una ley de organizaciones políticas que rescate planteamientos de quienes son y serán los protagonistas de las futuras contiendas políticas. El debate se extenderá a las naciones y pueblos indígenas a objeto de que todos los sectores puedan realizar aportes e incluir sus demandas en el proyecto de la norma que será posteriormente tratada en la Asamblea Legislativa.

Es evidente que la actual Ley Electoral, resulta obsoleta, o en otra instancia, como lo señalan en ciertos círculos partidarios, extemporánea, considerando que se han producido algunos adelantos en función democrática, mientras que para algunos partidos de larga existencia, hay aspectos que vulneran los derechos de las organizaciones políticas, limitando bajo diferentes formas de presión, su opción participativa en igualdad de condiciones y sin ventajas de favoritismo, cuando se manejan los hilos del Estado y se disminuyen posibilidades legales para competir sin limitaciones y con las mismas oportunidades reguladas sin discriminaciones.

Entre los temas pendientes de tratamiento, está el relacionado con el financiamiento de las campañas políticas con presupuesto asignado por el Estado, bajo ciertas características que hacen muy variable ese derecho que de ser implantado debe aproximarse a un sentido equitativo, aunque se entiende, respetando principalmente antigüedad, número de militantes y cumplimiento de algunas exigencias como bases ideológicas, planes de acción, estatutos partidarios, reconocimiento legal, lista de responsables de la institución y en cada elección un plan acorde a las circunstancias y anhelos ciudadanos.

Lo que importa para el futuro inmediato, es que se regule la condición de partidos políticos y no de "movimientos ciudadanos", que tienen vida temporal, mayormente de circunstancias interesadas en apoyo coyuntural al partido oficialista, con la sola esperanza de "cobrar factura", exigiendo cargos en el aparato gubernamental.

La Ley de organizaciones políticas debe ser concreta, incluso como sugieren en la instancia de partidos opositores, exigiendo un mínimo de militantes debidamente registrados en un Padrón Electoral, también renovado, auditado y limpio para garantizar la condición ciudadana de los electores.

LA PATRIA editorial








 

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