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Personaje
La inversión pública


[2017-07-01]
YPFB acaba de anular el contrato que tenía suscrito con la empresa italiana Tecnimont Spa y Técnicas Reunidas TR para la instalación de un complejo petroquímico de propileno y polipropileno en Yacuiba.

La operación que acaba de ser anulada hubiera costado al país $us 2.200 millones, por lo que estaba definida como la más alta inversión en un solo proyecto en la historia de Bolivia.

La empresa estatal atribuye su decisión a la existencia de “errores administrativos” cometidos en el proceso de selección de los consorcios que habrían de ocuparse de la instalación del mencionado proyecto.

Expertos de renombre, como Guillermo Tórrez y Carlos Miranda, habían estado señalando otros detalles para sugerir que se replantee todo el proyecto, y no solamente “errores administrativos”. El primero de los mencionados advirtió que el costo de producción del propano (materia prima para la planta proyectada) en la planta separadora, era demasiado alto y que si se avanzara de todos modos, el país tendría que subvencionar el precio final del polipropileno para poder exportarlo.

Entretanto, Miranda dijo que el complejo petroquímico podría funcionar solamente si se mantuviera un flujo de exportación de 20 millones m3/d de gas natural hacia Argentina, lo que no está garantizado en este momento cuando la producción de gas obliga a reducir los volúmenes de exportación. Los “errores administrativos” aludidos por YPFB quizá sean providenciales, porque podrían llevar a que todo el proyecto sea revisado, y no solamente aquellos detalles burocráticos.

Si el país va a invertir semejante suma de dinero en un complejo petroquímico, sería mejor que se medite muy bien en todos los alcances, que podrían ser muchos más de los que mencionaron los expertos Tórrez y Miranda.

Ir de todos modos adelante con ese complejo podría llevar a que el país tenga un proyecto muy caro que no pueda operar, ya sea porque sus costos son muy altos o porque no cuenta con la materia prima suficiente.

Como política permanente se tendría que aplicar, siempre, lo que manda la ley: estudios de prefactibilidad y luego de factibilidad, hechos por empresas especializadas. Las dudas que hay sobre las plantas de urea y amoniaco de Bulo Bulo que costó $us 1.250 millones, pero que enfrentan problemas de transporte para exportar su producción, tendrían que ser una lección para todas las decisiones de inversión pública.

EL DEBER editorial








 

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