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Personaje
¿Carlos Mesa, candidato?


[2017-10-19]
¿ Gabriela Montaño, quien preside la Cámara de Diputados, ha dicho que el expresidente Carlos Mesa debe decidir si va a ser vocero de la causa marítima o candidato a la presidencia. Esta opinión coincide con frases parecidas pronunciadas por el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro de la presidencia y el de Gobierno, además de otros voceros del partido MAS.

El expresidente es aludido en todas las encuestas de intención de voto que se han divulgado en los últimos meses, ocupando lugares de mucha expectativa.

Las exhortaciones para que tome una decisión sobre si ha de seguir siendo vocero o si será candidato no parecen atinadas y menos oportunas.

El Tribunal Supremo Electoral no ha convocado todavía las elecciones que, si se cumpliese el calendario, deberían realizarse a fines de 2019. Por lo tanto, a pesar del nerviosismo que se vive en Bolivia por aquellos comicios y por saber quiénes podrán y quiénes no podrán ser candidatos, el país no está viviendo un periodo electoral formalmente convocado.

El propio Gobierno está esperando que el Tribunal Constitucional Plurinacional responda a algunas consultas sobre el supuesto “derecho” del actual mandatario a ser reelegido cuantas veces quiera. Antes de que se produzca la respuesta del TCP, las leyes bolivianas definen los derechos de los demás ciudadanos a participar en elecciones, siempre que hayan sido convocadas.

El artículo cuarto de la Ley del Régimen Electoral dice que todos los ciudadanos tienen el derecho de “la concurrencia (sic) como elegibles en procesos electorales, mediante sufragio universal”. El artículo 28 de la CPE dice que el ejercicio de los derechos políticos queda suspendido en los siguientes casos “previa sentencia ejecutoriada, mientras la pena no haya sido cumplida: • tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra, • defraudación de recursos públicos, • traición a la patria.”

Es decir que si un ciudadano estuviera en condición de funcionario público, asumiendo que de eso se tratara este caso, no estaría inhabilitado para ser candidato.

No es conveniente para la causa marítima, sobre todo cuando está pendiente la respuesta del tribunal de La Haya, que el país muestre este tipo de actitudes. Una cosa es la causa marítima y otra un proceso electoral que puede realizarse dentro de dos años.

EL DEBER editorial








 

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