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    Cochabamba, 16 de Noviembre de 2018
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Personaje
Dignidad y orgullo de ser médico boliviano


[2018-01-20]
Frente a la crisis estructural del sistema de salud, que genera en forma permanente un reclamo de los asegurados y beneficiarios sobre la calidad de atención en los servicios médicos en las cajas de salud, un gasto catastrófico en los hogares de los no asegurados, como respuesta y presumiendo que ampliando la jornada laboral se solucionaría esta demanda insatisfecha, el Gobierno promulga, en enero de 2012, el Decreto 1126 que amplía la jornada laboral del sector de salud de seis a ocho horas. En respuesta a esta norma, se genera una movilización del gremio médico, con una huelga general, piquetes de huelga de hambre y marchas que duran 53 días.

El efecto más importante de esta huelga, al margen de dejar sin efecto el Decreto 1126, es que permite identificar las verdaderas causas estructurales de la crisis del sistema de salud, reflejada en el gasto per cápita más bajo de Sud América (245 dólares, presupuesto 2018), infraestructura y equipamiento insuficientes, y obsoletos y un enorme déficit de recursos humanos, fundamentalmente en médicos especialistas.

En respuesta a este diagnóstico, el gobierno nacional anuncia la inversión de 1.650 millones de dólares para la construcción de hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel, y con el Decreto Supremo 3139 presupuesta 635 millones de dólares para la construcción de los mismos, varios en construcción en el presente.

Sin embargo, al mismo tiempo, pretendiendo debilitar al Colegio Médico, el Ministerio de Salud emite normas administrativas, como obviar el registro profesional de colegiatura médica para la obtención de cargos en las instituciones públicas y del seguro social, además de la eliminación de los certificados médicos y otros.

En febrero del 2017, el Gobierno promulga el Decreto 3091 que crea La Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, con las funciones de regular fiscalizar y controlar el sistema nacional de salud, que anteriormente estaban a cargo del Inases, para las cajas de salud, y eran competencia de los SEDES, para el sector público y privado, con la función esencial de supervisar y fiscalizar el funcionamiento de los servicios de salud.

El decreto incorpora, en el Artículo 7 (Funciones): “Atender e investigar quejas, denuncias de corrupción, mala praxis o mala calidad de atención de salud; implantar medidas correctivas si se identifica cualquier responsabilidad administrativa, civil o penal en la atención de salud brindada por cualquier recurso humano de salud y coadyuvar con el paciente o usuario hasta la culminación del proceso y sanción correspondiente”. Estas competencias expresan el intento de judicializar el acto médico.

Por ello, el Colegio Médico rechaza este decreto e inicia nuevamente movilizaciones. La respuesta gubernamental fue la promulgación de un nuevo decreto, el 3385, promulgado el 1 de diciembre de 2017, que también es rechazado.

Simultáneamente, el Parlamento, en el segundo semestre de 2017, inicia el tratamiento y posterior aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal, que en su artículo 205 sanciona los daños a la salud y la integridad física con un resarcimiento económico (reparadora), privación de libertad (punitiva) y suspensión del ejercicio profesional (sancionatoria). Este artículo y Decreto 2385, atentatorios a la dignidad y al ejercicio profesional, determinan que el Colegio Médico de Bolivia decrete a partir del 23 de noviembre el inicio de una huelga general con dos demandas concretas: la abrogación del Decreto 2385 y la derogación del artículo 205 del nuevo Código de Procedimiento Penal.

A esta medida se incorporan los demás profesionales de salud y los estamentos docente y estudiantil de las facultades estatales de medicina de todo el territorio nacional. Simultáneamente, se instalan piquetes de huelga de hambre y una movilización diaria, con una sorprendente disciplina y capacidad organizativa, que se mantiene inclaudicable en Navidad y el Año Nuevo.

Esta movilización, inicialmente de carácter sectorial, recibe la adhesión de la ciudadanía y su posterior solidaridad militante, expresada en la frase “Yo apoyo a mi médico”.

Esta extraordinaria movilización médica permite que paulatinamente otros gremios profesionales y sectores laborales empiecen a identificar artículos que atentan contra su actividad laboral. Finalmente, los artículos 293 y 294 son percibidos por la ciudadanía como atentatorios a sus derechos democráticos.

Con el acuerdo firmado con el Gobierno se logra no sólo la abrogación de los decretos 3091, 3092, 3385, sino la derogatoria de los artículos 137 y 205, y la revisión de los artículos 293 y 294. Se incluye en este acuerdo la elaboración de una ley general de salud, respetando la vigencia de la seguridad social, la fijación de aranceles por el Colegio Médico y las sociedades científicas, en coordinación con el Ministerio de Salud, y la creación del Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje Médico (INCA), como instancia prejudicial obligatoria, algo ya establecido en el artículo 18 de la Ley 3131, promulgada en 2005.

La evaluación global del conflicto permite identificar particularidades del mismo. En principio, una somera revisión de legislación comparada del tratamiento que se aplica en todos los países a los actos intencionales –que es el nombre correcto a los incidentes o accidentes que se presentan en el acto médico– que son identificados por los institutos de conciliación y arbitraje médico, instancias técnicas perjudiciales que permiten definir impericias, inobservancia a protocolos, temeridad o negligencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve el uso del Sistema de Registro Automatizado de Incidentes en Salud (SIRAIS), basado en la Clasificación Internacional para la Seguridad del Paciente de la OMS y tiene un convenio con el Instituto de Conciliación y arbitraje médico de México (Conamed), con el asesoramiento y capacitación a los países que lo requieran. Asimismo, existe el Tribunal Americano de Arbitraje médico (Tacames) para los países del Mercosur. Por ello la creación del Instituto de Conciliación y Arbitraje Médico en nuestro país es un logro importante y el desafío es su implementación en el menor tiempo posible.

Asimismo, este acuerdo plantea nuevos desafíos a los médicos. En la elaboración de la ley general de salud debe estar incorporada la carrera sanitaria, que permitirá la meritocracia como mecanismo de jerarquía laboral y ejercicio profesional, y permitirá a las diferentes sociedades científicas cumplir su rol a plenitud, para garantizar y beneficiar a la población con una calidad de atención óptima.

El presidente Evo Morales, en el envío de la solicitud de derogación de los artículos 137 y 205, reconoció la existencia de la crisis estructural del sistema de salud y convocó a un encuentro para discutir la crisis. La propuesta del Colegio Médico en este encuentro debe plantear una discusión político-técnica sobre los cuatro componentes que tiene todo sistema de salud:

1.– El modelo de financiamiento de los cuatro modelos de financiamiento que existen internacionalmente (el país utiliza precariamente los cuatro), qué modelo se implementará en la construcción del sistema. 2.– Definir el modelo de gestión. 3.– Definir el modelo de atención que debe construirse en función del perfil epidemiológico y demográfico. 4.– Los niveles de atención que permitan alcanzar indicadores internacionales adecuados.

Ademas, de la construcción del nuevo sistema se requiere de un pacto nacional y de establecer un cronograma que llevará varios años.

Finalmente, remarcar que el catalizador de la movilización médica fue la defensa inclaudicable de la dignidad y el respeto al ejercicio profesional, valores que son inherentes a la cualidad humana. Esto permitió cambiar en la memoria colectiva el símbolo del guardatojo (casco) y la dinamita del proletariado minero, como vanguardia en la lucha por las reivindicaciones políticas y sociales, por el mandil blanco y el barbijo. La solidaridad militante del ciudadano generó un sentimiento de orgullo de ser médico boliviano.

Guillermo Cuentas Yáñez es médico boliviano y fue ministro de Salud.








 

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