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    Cochabamba, 16 de Noviembre de 2018
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Personaje
Son nulos los actos de quienes vulneren la CPE


[2018-03-01]
," ,,,Asimismo, este marco jurídico básico establece que son nulos los actos de quienes vulneren la CPE y las leyes. Sin valorar las consecuencias, los gestores de las transgresiones están socavando las bases legales de sustento de la legitimidad ganada en las urnas por la actual administración.

Después de postular a la Presidencia a Evo Morales para las elecciones de 2019, el oficialismo hace coro y repite que el pueblo debe decidir en las urnas, olvida que ese pueblo ya decidió con su voto que no acepta más reelecciones ilegales. Ese es el mensaje del referendo de 2016 que se pretende ignorar, como se ignora el mandato de la Constitución Política del Estado que dice que solamente un mandatario puede ser reelegido por una vez.

Pero extrañamente, para sostener un derecho inexistente y basado en el vacío, un miembro del más alto Tribunal nacional, sostiene que el derecho a la reelección de Morales es cosa juzgada, y argumenta "la calidad de cosa juzgada constitucional que adquiere cualquier sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional" (TCP) al amparo del artículo 203 de la Constitución Política del Estado, que señala que "las decisiones del TCP son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno".

Se trata del magistrado del TCP, Orlando Ceballos, quién sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tiene atribuciones para anular sentencias y advirtió que por tanto no podrá revisar la cosa juzgada en Bolivia. Según el magistrado, la CIDH "únicamente puede interpretar y determinar la aplicación de la convención a casos concretos" Ceballos aclaró que su opinión no se refiere, en ningún momento, a ningún caso concreto, sino a la generalidad.

Pero olvida el magistrado que el TCP, actuó sin competencia al modificar la CPE. Precisamente por los vicios legales en los que se basa el supuesto derecho a reelección indefinida, es que agrupaciones políticas, juristas y entidades ciudadanas y cívicas han apelado a organismos internacionales, como la CIDH, la OEA, naciones Unidas y los tribunales de La Haya. Lo más delicado del actual trance es que el oficialismo ha dirigido su política hacia un rumbo del más alto riesgo, que puede desmoronar todo lo que con tanto sacrificio ha construido el pueblo boliviano, ya que con las transgresiones legales y el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas, se está debilitando las columnas legales en las que se basa el sistema democrático, y se está destruyendo el instrumento más valioso que tiene en este momento el país y el propio gobierno, que es la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que debiera ser defendida sobre todos los intereses sectarios.

¿Si los líderes del país vulneran la nueva CPE, que se puede esperar? ¿O es que la Carta constitutiva solamente rige para una parte de los ciudadanos del Estado plurinacional? La CPE en su Art. 110 señala que "Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a jurisdicción y competencia de las autoridades. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales". Asimismo, para proteger la Carta Magna, el Art. 108 instruye a los ciudadanos "conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes". El artículo 12 determina que el "Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos". En esa misma línea el artículo 172 determina que una de las atribuciones del Presidente del Estado Plurinacional es "cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes". Asimismo, este marco jurídico básico establece que son nulos los actos de quienes vulneren la CPE y las leyes. Sin valorar las consecuencias, los gestores de las transgresiones están socavando las bases legales de sustento de la legitimidad ganada en las urnas por la actual administración

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