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Ley de empresas: CEPB anuncia acción de inconstitucionalidad


[2018-04-29]
EMPRESA PRIVADA

Ley de empresas: CEPB anuncia acción de inconstitucionalidad Los empresarios aseguran que los legisladores prestaron “oídos sordos” a sus observaciones y que el contenido de la norma no fue consensuado con ellos.

Ley de empresas: CEPB anuncia acción de inconstitucionalidad Ronald Nostas, titular de la confederación de empresarios.

Página Siete / La Paz

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) instruyó ayer la elaboración de una acción abstracta de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Creación de Empresas Sociales, que se prevé que el Presidente promulgue el martes.

“Por la gravedad de las observaciones realizadas al contenido (del proyecto de ley), se ha instruido la elaboración de una acción abstracta de inconstitucionalidad contra esta norma”, anunció la institución, a través de un comunicado.

Asimismo, el titular de la CEPB, Ronald Nostas, expresó que el sector al que representa “lamenta” que la Asamblea Legislativa Plurinacional haya persistido en el tratamiento del proyecto de norma, que dispone transferir las unidades productivas de los empresarios para que sean administradas por los obreros, cuando se incurra en casos de abandono, despidos masivos o se haya declarado la quiebra.

“Es evidente que la Asamblea decidió prestar oídos sordos a la racionalidad y la legalidad y va a enviar (el proyecto) al presidente Morales, para su promulgación, una norma que vulnera derechos básicos y pone en riesgo la propiedad privada, lo que nos parece una grave irresponsabilidad con el país”, señaló el representante del sector empresarial.

El proyecto de Ley de Creación de Empresas Sociales fue calificado por la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) como “confiscatorio” y “atentatorio contra la propiedad privada”, al autorizar que las empresas pasen a la administración de los trabajadores que adviertan que sus fuentes laborales están en riesgo.

El presidente de la confederación añadió que el proyecto de ley no fue consensuado con los empresarios, y que su contenido vulnera los derechos que están consagrados en la Constitución Política del Estado.

“Yo pondero la disponibilidad y apertura que tuvieron los presidentes de la Cámaras (de diputados y senadores), pero, al final, las reuniones sólo sirvieron para escucharnos y pareció que no había la voluntad política para elaborar una norma respetuosa de los derechos y apegada al espíritu del artículo 54 de la Constitución”, declaró Nostas.

En la semana, legisladores de oposición criticaron la “ambigüedad” e “imprecisión” de la norma, que no especifica qué sucederá con los pasivos de las unidades productivas, cuando pasen a propiedad de los obreros.

Jorge Arias, presidente de la CAO, mencionó que con la aplicación de esta norma se estaría “violando el principio de universalidad de los acreedores”, ya que la ley establece que los trabajadores que adquieran en propiedad los activos de una empresa sólo tienen la obligación de “satisfacer el pasivo de la misma hasta el monto del valor del activo”, según el inciso quinto del artículo 10 de la nueva norma.

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, explicó ayer que la interpretación de la nueva ley está siendo llevada a “dos extremos”, por parte de los industriales y los obreros, e insistió que la medida respeta los derechos de ambos.

“Desde la empresa privada señalan que esta ley es expropiatoria y han amenazado con cierres de empresas, y hay sectores de trabajadores que ven a esta ley como un mecanismo para amenazar el proceso productivo de algunas empresas; no es ni lo uno ni lo otro”, sostuvo la autoridad en la estatal Patria Nueva.

Hinojosa agregó que la nueva norma “está dentro de los mecanismos legales, tiene vinculación con la Ley de Comercio, la Ley de Trabajo y procedimientos de carácter civil” y que hasta ahora sólo se tienen interpretaciones equivocadas de la ley.

La constitución de una empresa social

El artículo cuarto de la Ley de Creación de Empresas Sociales dispone la transferencia de una unidad productiva en favor de los obreros “cuando existan empresas en procesos de concurso preventivo, quiebra o liquidación, conforme a lo previsto en el Código de Comercio. Cuando los procesos de concurso preventivo, quiebra o liquidación de una empresa hubieren concluido, conforme a lo previsto en el Código de Comercio. Cuando exista cierre o abandono injustificado de una empresa privada”.

En los procesos de quiebra, la norma considera “acreedores privilegiados” a los trabajadores que soliciten a un juez la constitución de una empresa social.

En el artículo séptimo, la ley entiende por abandono el incumplimiento del pago de obligaciones pecuniarias propias del funcionamiento de la empresa por más de tres meses continuos, incluidos salarios y pago de aportes a la seguridad social. Además, incorpora la “suspensión o disminución paulatina de las actividades productivas”.

La normativa considera el cese de funciones de una empresa cuando el empleador proceda a realizar el retiro “de modo repentino y masivo” de trabajadores, “la huida del país del empleador” y el cierre intempestivo de la empresa “sin haber seguido el procedimiento de lock out”.

Las observaciones

Fracaso.- “Esta norma pareciera entender que el emprendedor, deliberadamente, desea fracasar o que, intencionalmente, va a acudir a un proceso de quiebra, incidiendo en una abundante regulación de los mecanismos de protección de los trabajadores, incluso a costa de otros acreedores de la empresa”, explicó el titular de la CEPB, Ronald Nostas.

Propiedad.- “La ley desconoce la posibilidad de ejercer el derecho a la propiedad privada en sus dimensiones integrales, y desconoce la función de los emprendimientos como fuentes generadoras de valor para la sociedad”, detalla el pronunciamiento del sector.









 

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