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Sociales
Pacto fiscal por autonomías


[2016-07-28]
El pacto fiscal es el eje de un régimen autonómico pleno. Solo cuando los departamentos cuenten con una justa distribución de los recursos es que podremos realmente decir que tenemos autonomías en Bolivia. El centralismo, como forma de administración del Estado boliviano en los últimos 100 años y como ideología asentada en una mirada verticalista desde la sede de Gobierno, no hace más que reproducir los viejos males que retrasan la posibilidad de un desarrollo que se haga con y desde las regiones.

En el fondo, esta es la razón del porqué hasta el momento no ha sido posible alcanzar un acuerdo mínimo entre el Gobierno central, los departamentos y los municipios para firmar un pacto fiscal. La distribución de recursos de la coparticipación tributaria es apenas uno de los puntos que requieren una revisión a fondo de este sistema de organización estatal. La fracasada primera reunión del Consejo Nacional de Autonomías reflejó este cuadro preocupante de situación. Santa Cruz y Beni quedaron aislados en su propuesta de discutir el fondo de la cuestión sobre la distribución de recursos. Mientras tanto, el presidente Evo Morales apuesta a una reforma de la Ley de Autonomías, que hasta el momento no ha funcionado más que para el discurso político.

Conociendo las mezquinas posiciones del centralismo, las regiones tuvieron que apostar por generar sus propias formas de desarrollo productivo y sus particulares medios para vincularse a un mundo cada vez más competitivo. Allí está el modelo económico cruceño que, más allá de la burocracia y la falta de apoyo estatal para los grandes proyectos de infraestructura (la central hidroeléctrica Rositas es solo un ejemplo de las promesas incumplidas), ha levantado un sistema económico autónomo de hecho que está garantizando el crecimiento económico de gran parte de la economía del país, la provisión de alimentos para la mayor parte de la población y el desarrollo productivo para millones de bolivianos.

Debatir el pacto fiscal a pocos meses del referendo sobre estatutos autonómicos y cartas orgánicas parece, qué duda cabe, un despropósito que lleva a una pose de campaña sin visión de futuro. Ojalá que después del fragor de los carnavales y de las compulsas en las urnas, el Gobierno y las nuevas autoridades departamentales se puedan sentar en serio a discutir un nuevo modelo autonómico que dé frutos para todos los bolivianos. Sin consenso no hay democracia, sin distribución equitativa de recursos no hay autonomía que se precie de ese nombre

EL DEBER editorial








 

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