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Sociales
Muebles bolivianos discriminados


[2016-11-01]
La empresa importadora de muebles brasileños Marelli obtuvo casi 20 millones de bolivianos en sólo dos contratos firmados con YPFB y el Ministerio de Economía para proveer de mobiliario en tres lujosos edificios. Ya se ha señalado que la misma empresa importadora proveyó los muebles también a Mi Teleférico y quién sabe a qué otras entidades estatales más.

Como se ha visto recientemente, el Gobierno se ha desbocado en sus gastos construyendo lujosos edificios y equipándolos como si Bolivia fuera un reino petrolero del Medio Oriente. Esto hace presumir que existen decenas de otros contratos de ese tipo, también con otras empresas, pero que las autoridades no han informado debidamente.

Ya se ha hablado suficiente del hecho de que el Gobierno ha perdido la sintonía con la realidad, lo que hace que, pese a la rebaja nacional de ingresos, siga en su espiral de gastos excesivos. El otro asunto que se ha mencionado menos es el referido a la negligencia de las autoridades sobre las supuestas políticas para respaldar a los productores bolivianos.

Esos 20 millones de bolivianos destinados a muebles brasileños, y decenas más de otros eventuales contratos, serían un aliciente importante para la economía de decenas o quizás cientos de mueblistas bolivianos. En vez de favorecer a una compañía importadora, y a los obreros de otro país, el régimen debería cumplir con su palabra de favorecer a las pequeñas y medianas empresas bolivianas.

Tres decretos supremos suscritos por el presidente Evo Morales el 1 de mayo pasado, con gran pompa, estaban precisamente orientados a favorecer a esas empresas para que puedan competir de mejor manera con las importadoras. Los decretos 2751, 2752 y 2753 deberían beneficiar a los micro y pequeño empresarios que utilizan materia prima boliviana, mediante un 55% de "premio” en los puntajes de licitaciones estatales frente a los importadores.

Además, esos decretos deberían permitir a los empresarios presentar sus propuestas en lotes pequeños, ya que generalmente no pueden cumplir con contratos íntegros. Los decretos, además, establecieron un fondo de 314 millones de bolivianos para compras estatales al sector de metalmecánica y muebles en madera. Nada de eso se ha cumplido, lo que demuestra la hipocresía de las autoridades, que dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario.

El Gobierno insiste en "protege” a la industria nacional. El propio presidente Evo Morales dijo hace poco que quienes usan los servicios de las telefónicas privadas, en vez de ENTEL, son "antipatriotas”. ¿Cómo se llamaría, entonces, comprar muebles brasileños en vez de bolivianos?

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