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La libertad de expresión es patrimonio de la humanidad

Sociales
Abuso de poder de la Policía


[2016-11-02]
Los excesos de autoridad en los que incurren efectivos policiales ya pueden ser objeto de una antología -sin mencionar problemas endémicos de la institución del orden, como la corrupción, que pueden ser objeto de otra antología-.

Pero, yendo al abuso y a la violación de los derechos ciudadanos, las denuncias suman y siguen, sin que, al parecer, sean objeto de atención de las autoridades superiores ni de una reconducción en los efectivos policiales: la mala calidad del trabajo de la institución que debiera garantizar el cumplimiento de la ley y el más estricto respeto de los derechos de las personas es, paradójicamente, el espacio de mayor incertidumbre e inseguridad para cualquier ciudadano.

Decíamos que ejemplos hay varios; solamente en el corto plazo podemos recordar los abusos a las personas con discapacidad que fueron registrados por la sociedad, y el caso de las muertes no esclarecidas de mineros durante el conflicto entre el Gobierno y el sector cooperativista, que ha quedado casi en el olvido.

El abuso más reciente ha sido el que han sufrido el periodista Sergio Mendoza y el fotógrafo Álvaro Valero, de Página Siete: en una audiencia pública en la que debía declarar el excomandante de las FFAA Omar Salinas, procesado por conducta antieconómica y daño económico al Estado, los trabajadores de este medio fueron instados a dejar el lugar sin explicación alguna. Ante su negativa, fueron desalojados a la fuerza, golpeados y arrestados; llevados enmanillados (humillados) por el centro de la ciudad y una vez en dependencias policiales sometidos a atropellos, interrogatorios y finalmente a una improvisada audiencia de "conciliación” en la que no se permitió la presencia de abogados defensores ni familiares.

La ira y violencia del capitán Marco Antonio Torrico, quien luego dijo ser la víctima del periodista arrestado, no pudo ser aplacada ni ante la evidencia de los excesos y las advertencias de algunas personas y sólo cedió ante la presión de los colegas de los periodistas detenidos que se pusieron en vigilia para protegerlos.

Página Siete ha venido informando sobre sucesivas denuncias de corrupción contra altas autoridades de las FFAA. En la edición del martes 1 de noviembre, cuando se suscitaron estos acontecimientos, el mismo periodista Sergio Mendoza publicó una nota sobre el caso por el que debía declarar el excomandante del Ejército Omar Salinas y el exdirector administrativo del Ejército, coronel Winston Celis, ambos procesados por la firma de un contrato con la empresa constructora Integración del Chaco para edificar puestos militares, los mismos que nunca se construyeron a pesar de haber sido entregado un adelanto del 20%, que luego se perdió.

A pesar de que el Gobierno asume defensa de las autoridades militares procesadas, el proceso se suma a otras denuncias de presunta corrupción en las FFAA de los cuales este medio ha venido informando, como corresponde. Este hecho, lejos de contribuir a esclarecer las denuncias mencionadas, permite evidenciar cuán difícil resulta hacer un trabajo informativo en un contexto de completa desprotección y violación de derechos.

El accionar de la Policía, específicamente del capitán Torrico, debiera ser objeto de una sanción, de un llamado de atención o, al menos, de una reflexión. Sucede, sin embargo, lo contrario: el Ministerio de Gobierno, sin escuchar a los periodistas afectados, asumió a través de un comunicado la defensa de los uniformados, como si fuera creíble que un periodista, sin mediar razón alguna, agreda a un policía armado. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) emitió un certificado de impedimento de tres días para el periodista golpeado que avala los exceso a los que él fue sometido.

Pero no todo queda en el reclamo ante la desprotección: es momento de que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto y garanticen que los periodistas pueden realizar su trabajo.

No hacerlo no sólo es una vulneración a los derechos humanos, sino una afrenta a la libertad de expresión.

PAGINA SIETE editorial








 

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