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Sociales
El caso Doria Medina y Funda-pro


[2016-11-05]
Dados los antecedentes del caso, se puede prever que la principal víctima de este despropósito será la legitimidad gubernamental

Hace más de un año, en febrero de 2015, una comisión especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional presentó a la Fiscalía General una proposición acusatoria en contra de Samuel Doria Medina por haber inferido “un grave daño económico al Estado” al crear la Fundación para la Producción (Funda-Pro) cuando fue ministro de Planificación entre 1989 y 1993.

Es de suponer que Samuel Doria Medina recibió con alivio esa noticia, pues si ese era el resultado de muchos meses de arduas investigaciones de una comisión legislativa creada ex profeso para investigar los actos gubernamentales de la “época neoliberal”, la solicitud podía ser interpretada como una especie de certificado de buena conducta.

En efecto, cuando en junio de 2013 se dio a un grupo de asambleístas la misión de indagar los procesos de privatización y capitalización llevados a cabo entre 1989 y 1997, había motivos para suponer que tales investigaciones saldrían muchas dudas sobre la transparencia con que tales medidas fueron llevadas a cabo.

Sin embargo, tan pobres deben haber sido los resultados que cuando los asambleístas comisionados tuvieron que justificar casi dos años de trabajo, presentaron como el mejor fruto de sus esfuerzos el caso de unos créditos otorgados por el Gobierno de Estados Unidos en el año 1986 para un proyecto denominado Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), deuda que fue objeto de una negociación de condonación en 1992, cuyo resultado fue la creación de una fundación sin fines de lucro, Funda-pro, a la que se dio la misión de administrar cierto monto de capital para fortalecer el sistema de microcréditos destinados a pequeños productores.

Desde el día mismo en que fue presentado a la Fiscalía General, el caso fue descalificado tanto por expertos en materia legal como económica y financiera. Por una parte porque los casi 25 años transcurridos entre la consumación de los hechos y el inicio de la causa hacían de por sí innecesaria cualquier otra consideración de índole jurídica. Y desde el punto de vista económico, porque nunca nadie antes había puesto en duda la eficiencia del sistema crediticio adoptado a partir de 1992.

Cabe recordar al respecto que el actual Ministro de Economía y Finanzas se ha referido en más de una ocasión en términos muy elogiosos al sistema de microcrédito boliviano. “Bolivia es campeón mundial de microcrédito”, es la frase con la que reiteradamente se ha referido al tema, aunque nunca tuvo la hidalguía de reconocer que no fue durante el actual Gobierno, sino durante los que lo precedieron, entre los que figura el que integró Doria Medina, cuando se aplicó la fórmula de la privatización microcrediticia, base de un éxito cuya preservación es, entre otros, uno de los aciertos de la actual gestión gubernamental.

Con tales antecedentes, no es fácil hallar una explicación racional al ensañamiento con que el Gobierno nacional se ha dado a la tarea de hacer de este caso la causa principal de una batalla política —ya que no jurídica ni legal— en la que no tiene ninguna posibilidad de salir airoso. Más aún si se considera que, como ya se ha visto, la principal víctima de tan enorme despropósito será la ya muy venida a menos credibilidad gubernamental y aumentará la desconfianza ciudadana en la administración de justicia y, principalmente, el Ministerio Público. LOS TIEMPOS editorial








 

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