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Sociales
A propósito de las elecciones judiciales


[2017-03-03]
Si en esta ocasión la Asamblea Legislativa Plurinacional selecciona a los candidatos al margen de los intereses políticos coyunturales, aplicando mecanismos y procedimientos transparentes, se dará el paso inicial para mejorar la justicia, y los bolivianos expresaremos nuestro reconocimiento por ello.

JOSÉ ANTONIO RIVERA
MIRADA CONSTITUCIONAL

Cumpliendo con la Constitución este año se realizarán las elecciones para los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Las autoridades de Gobierno y los sectores sociales afines que impulsaron esta modalidad de selección e integración de los altos tribunales de justicia del Estado, en su momento expresaron que con la aplicación de esta modalidad se inauguraba un nuevo ciclo de impartición de justicia en Bolivia, prometieron que darían fin con la “justicia neoliberal” y sus deficiencias de retardación de justicia, de corrupción, de politización y de mala calidad del servicio, inaugurando la nueva “justicia plurinacional”, que sería un producto de exportación, prometiéndonos un verdadero paraíso terrenal en materia de justicia; a tal grado llegó su convicción que descalificaron duramente a quienes habíamos expresado una opinión contraria a las elecciones por voto de los magistrados y advertido los riesgos de su aplicación.

Transcurridos cinco años desde la implementación del referido modelo, la realidad concreta es que el sistema judicial del Estado no ha tenido un cambio positivo; al contrario, se ha agudizado la crisis estructural; pues hoy el Órgano Judicial está más subordinado que nunca al Órgano Ejecutivo y Legislativo, no se respeta la independencia de los magistrados y jueces; la retardación de justicia está incólume, los niveles de corrupción se han incrementado, la calidad del servicio judicial es deficiente, el derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva es objeto de una permanente y sistemática violación. Pareciera que el tiempo nos dio la razón.

La situación descrita ha sido reconocida y admitida por el Presidente y el Vicepresidente del Estado; pues el primero dijo públicamente que “no había sido suficiente incorporar ponchos y polleras para mejorar la justicia”, y el segundo admitió que cometieron el error de no haber impuesto los criterios de la “meritocracia” en la selección de los candidatos a magistrados. En la denominada “cumbre Judicial” hubieron sectores que propusieron modificar la elección por voto popular de los magistrados; pero al final, se impuso el criterio de mantenerlo mejorando la selección de los candidatos que debe efectuarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Conforme a lo referido, al parecer existe la decisión política de imponer la “meritocracia” como la base para seleccionar a los candidatos a magistrados; sin embargo, esa decisión no garantiza por sí sola que mejore el sistema; pues existen diferentes formas y modalidades de aplicación de la “meritocracia”; desde una que pueda conducir a la verdadera comprobación pública de la idoneidad y probidad de los postulantes, hasta otra que solamente sirva para legitimar una decisión política de cooptación. De manera que, todo dependerá del procedimiento adoptado para realizar la comprobación de la idoneidad y probidad y de quienes realizarán dicha tarea.

Dada la trascendencia de la labor que deben desempeñar los magistrados y la necesidad de resguardar y garantizar su independencia, la comprobación de la idoneidad y probidad de los postulantes no puede reducirse a una formal y mera comprobación de conocimientos enciclopedistas, a través de un examen teórico; al contrario, debe y tiene que centrarse en una comprobación de los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas para el desempeño del cargo, realizado a través de un verdadero proceso que comprenda tres fases.

La primera, de comprobación de conocimientos a través de la verificación de la formación profesional del postulante, aplicando para ello un concurso de méritos calificado, pero no como determinante sino solamente habilitante para pasar a la otra fase.

La segunda, de comprobación de capacidades, habilidades y destrezas para el desempeño del cargo a través de un examen público de competencia, sobre la base de criterios de evaluación claramente establecidos y puestos en conocimiento de los postulantes. A través de esa prueba debe verificarse si los postulantes tienen las suficientes capacidades, habilidades y destrezas para identificar la problemática planteada en el proceso judicial, de formular una solución razonable y justa a esa problemática, de interpretar y aplicar correctamente las normas de la Constitución y las leyes, de aplicar los precedentes obligatorios, y de exponer los suficientes y razonables fundamentos jurídicos que sustenten su determinación.

La tercera, de comprobación del conocimiento de la realidad social, económica y política que impera en el país, su alineación iusfilosófica, su compromiso con la Constitución y los derechos humanos, de manera que se pueda elegir magistrados que tengan sensibilidad humana, social y cultural, y no elegir “jueces de marmol” esclavos de la Ley y aislados de la realidad social.

Concluida la comprobación de la idoneidad deberá procederse a la comprobación de la probidad de los postulantes con la participación ciudadana; de manera que se elijan magistrados no solamente idóneos sino probos para el cargo.

A estas alturas del análisis surge la pregunta obligada sobre si los gobernantes están dispuestos a encarar el proceso de selección de los candidatos sobre la base de la verdadera comprobación pública de la idoneidad y probidad de los postulantes; pues el año 2011 se les planteó una propuesta concreta que lamentablemente no fue considerada, ni siquiera fue leído el documento.

Si en esta ocasión la Asamblea Legislativa Plurinacional selecciona a los candidatos al margen de los intereses políticos coyunturales, aplicando mecanismos y procedimientos transparentes, se dará el paso inicial para mejorar la justicia, y los bolivianos expresaremos nuestro reconocimiento por ello. El autor es Catedrático de Derecho Constitucional riverasa@gmail.com








 

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