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Sociales
Conflicto cocalero


[2017-06-21]
La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz ha roto relaciones con el Gobierno del presidente Evo Morales, por considerar que la nueva Ley de la Coca solo beneficia a los cocaleros de Chapare.

La ruptura se produjo cuando el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, se presentó en Coripata, Yungas, para difundir los detalles de la nueva ley, pero se encontró con una firme resistencia y tuvo que ser rescatado de la zona en helicóptero.

Dicen los cocaleros de Yungas que el ministro creó una nueva organización y la llamó Confederación Nacional de Productores (de coca) al Detalle (Conalprodc) solo para dividir al sector.

Cocarico ha sido declarado persona ‘non grata’ por los cocaleros de Yungas que, además, han advertido que no permitirán el ingreso a la zona de ningún representante del Gobierno que quiera hablar de la nueva ley y su reglamento.

En resumen, los productores de coca de la región tradicional, de donde la hoja es originaria, rechazan la nueva ley porque legaliza los cocales de Chapare, donde los cultivos fueron ilegales hasta que llegó la nueva ley, pero que es la región donde nació el movimiento político del presidente Morales.

La Unión Europea no participa en este debate pero tiene una posición que coincide con la de los yungueños, pues observa que la nueva ley haya autorizado cultivos en 22.000 hectáreas, cuando los estudios hechos sobre el consumo legal hablan de 14.706 hectáreas.

Los estudios sobre el consumo legal han sido inflados, pues al consumo tradicional del acullico se añadió el uso medicinal, ritual, festejos y… exportación, con lo que se llegó a las 14.706 hectáreas, dice el experto Franklin Alcaraz.

Los que acullicaban coca en 2012 sumaban 1.125.484 ciudadanos, y para atender ese consumo se requerían 3.376 hectáreas, añade Alcaraz.

Lo cierto es que ahora este debate se da entre cocaleros de dos diferentes regiones del país, y tiene alcances políticos debido a la relación del presidente Morales con una de esas regiones.

Si, como piden la Unión Europea y los cocaleros de Yungas, la ley debe ser reformada, quizá convenga aceptar la propuesta de Adepcoca: realizar un referéndum o un censo para saber cuántos ciudadanos bolivianos mastican la coca ahora, lo que permitiría saber cuántas hectáreas son necesarias. Es decir, una solución seria y científica a la que deberán someterse las leyes.

EL DEBER editorial








 

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